Mariño: En el aspecto económico el Poder Judicial no es independiente
–¿Recuerda cuál fue su primer caso como juez Penal?
–El primer caso de los más importantes fue un accidente de tránsito con características muy especiales, porque un camión con una gran cantidad de escombros, por esquivar un automóvil, se tiró sobre la izquierda, se introdujo en la casa de la esquina y tiró la pared abajo. Por suerte la habitación de la esquina era el comedor, el peso del camión hundió el piso y terminó en el sótano, que era profundo.
El hecho en sí no fue grave, aunque el camionero tuvo lesiones.
Después de hechos importantes el que me impactó más fue el del homicidio del padre, la madre y la hermana a manos de la hija; fue el último hecho que tuve como juez penal y sucedió en el barrio La Cumparsita. Así que señalo ese primero espectacular por la forma en que sucedió y este último por lo horrible y por las consecuencias. Entre medio de uno y otro cosas importantes, de menor cuantía, diferentes situaciones.
–¿Alguna vez tuvo alguna amenaza por un fallo?
–No, nunca tuve ninguna amenaza, de ninguna naturaleza. Una anécdota sí es la de un prófugo que desde una isla del Caribe me mandó una postal con la isla y un recordatorio para fin de año. Estaba muy feliz disfrutando en el Caribe de su hazaña.
–¿Cómo fue el paso de juez, en que hay mucho de instrucción, a ministro de tribunal y luego de la Suprema Corte de Justicia, que es más de análisis de sentencias?
–En lo Penal, como en Familia, el juez examina en el expediente fundamentalmente la prueba y a la misma que considera y que es aceptable le aplica el Derecho. En la Corte hay un cambio radical, porque el recurso que llega es el de casación, en donde uno tiene que aceptar como hecho probado el que determinó el tribunal y sobre esos hechos que son inmodificables para la Suprema Corte de Justicia tiene entonces que fallar si el Derecho está bien o mal aplicado. Es un recurso muy cerrado, muy parco, que impide en principio ingresar al análisis de la prueba, salvo casos excepcionalísimos donde haya un razonamiento absurdo por parte del tribunal que lo lleve obviamente a conclusiones absurdas y que en estos 8 años y 8 meses en que estoy en la Corte, se ha dado nada más que en dos o tres ocasiones.
–¿Existe real independencia del Poder Judicial, puesto que en lo presupuestal depende de lo que decida el Poder Ejecutivo y el Legislativo?
–La independencia la enfocaría desde dos puntos de vista. El primero: hay una independencia, que es la de la persona, la del juez, la lleva uno adentro, en la fortaleza, en saber decir que no o rechazar cualquier petitorio improcedente provenga de quien provenga. Y lo otro es la independencia del Poder Judicial en sí, que está estrechamente vinculada no sólo a la independencia que tenga el juez en su fallo sino también a todo lo demás, que incluye la independencia de carácter económico y que es fundamental. Si al Poder Judicial se le asignan partidas para el presupuesto y ni siquiera se le entrega toda la partida que corresponde al año, ya hay una disminución de la independencia del Poder Judicial en el hacer y allí entonces es cuando uno dice que el Poder Judicial debe tener la independencia en poder fijar su presupuesto aunque el Poder Legislativo tenga un control, y también que después el Poder Ejecutivo le entregue la partida adjudicada. En caso de que no se lo entregue la independencia, queda en la ley o la Constitución y no en los hechos.
La Corte, cuando ha hecho sus presupuestos, y me puedo referir al último en que trabajé intensamente por ser el presidente, se ha ajustado a lo que efectivamente necesita para funcionar este Poder. Sin embargo, se nos ha retaceado dinero, se nos han retaceado rubros y en la práctica también hay ciertas dificultades en que el Ministerio de Economía haga entrega de la totalidad de rubros mensuales. Entonces, si usted me dice si somos absolutamente independientes, le diré que sustancialmente y en función de nuestros magistrados y su persona somos independendientes porque no nos doblegan. En cuanto al aspecto económico no somos independientes, porque estamos dependiendo de un presupuesto y, a su vez, aprobado el presupuesto, dependemos de que la partida asignada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo la cumpla mes a mes y no se atrase.
–¿Cómo fue el trabajo durante la dictadura?
–No tuve ningún problema. Los casos que llegaron al Juzgado fueron por lo general normales, sin niguna situación especial (…) No hubo ninguna presión, ni llamadas telefónicas, ni entrevistas personales. Los jueces penales de aquel entonces estábamos muy unidos y sabíamos que íbamos a responder al juramento que habíamos prestado de defender la Constitución y la ley.
–Igualmente en esa época no se investigaron casos de desapariciones, torturas o secuestros de niños.
–Obviamente era muy difícil investigar. Cuando ingresé al juzgado, en mi segunda vuelta a lo Penal, en 1985, tuve un intermedio en un juzgado de Familia. Estaban allí los antecedentes relativos al asesinato del ex senador Zelmar Michelini y de Gutiérrez Ruiz, traté de hacer las investigaciones que las circunstancias del momento me permitieron, obviamente sin llegar a ningún resultado positivo en el sentido de llegar a la devolución de la verdad. Yo ya no estaba en el juzgado cuando llegó la Ley de Caducidad y el juez que me siguió, aplicó esa ley.
–¿Qué posición tiene respecto a los convenios internacionales?, ¿priman sobre las leyes nacionales?
–Sobre ese tema no podría contestar, tendría que ponerme a estudiar en profundidad el tema, que no lo he hecho, ni he tenido oportunidad en un expediente concreto, que es cuando uno tiene la ocasión de estudiar a fondo el tema. Dada la trascendencia que tiene no sólo en el momento actual sino de tiempo antes, prefiero no omitir opiniones.
–¿El Poder Judicial uruguayo destaca a nivel de la región?
–El Poder Judicial uruguayo a nivel mundial me animaría a decir, por todas las versiones que hemos tenido, está considerado como el más independiente de América, el que tramita los expedientes con total normalidad sin que incidan en la resolución del juez ni en el trámite del expediente cosas ajenas a las naturales de procedimiento.
–¿Existen herramientas adecuadas para que los jueces penales investiguen los delitos llamados de cuello blanco?
–Yo entré el 11 de octubre de 1950 en un juzgado de Instrucción y le diría que hubo un aumento de elementos para colaborar con el juez. Concretamente el Instituto Técnico Forense, que era embrionario en aquellos años 50, ahora ya tiene su estructura, su jerarquía a nivel nacional e internacional, tiene excelentes técnicos, pero obviamente queda mucho camino por recorrer. Este instituto fue creado para el asesoramiento de los jueces en lo Penal, con técnicos en psiquiatría forense y médicos forenses de alto nivel nacional e internacional. En los últimos años se reforzó el Técnico Forense con otros técnicos, especialmente con 3 contadores, que obviamente no son suficientes para poder atender todas las necesidades y requerimientos que tienen los magistrados. Además esos contadores tienen que asesorar a los jueces en materia laboral y penal. Además en esta última ley se crearon por transformación los juzgados de Comercio y un equipo de técnicos, abogados y contadores, van a colaborar en el asesoramiento a los jueces de Comercio en todo lo que tiene que ver con los problemas de concursos civiles, quiebras, etcétera. Ha tenido también en otras áreas el Técnico Forense a través de los presupues
tos, pero vuelvo a insistir en que no es suficiente. Necesitamos un enfoque distinto, una mayor preparación de nuestros futuros técnicos en la materia. Tenemos, porque en eso fueron muy sensibles el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, una incipiente partida de gastos para que los jueces designen asesores privados, como el caso de dos contadores privados, que ellos fijaron los honorarios, se discutieron judicialmente y de esa partida se les pagó, pero naturalmente esa partida debería ser mucho más importante si es que no se crean cargos de técnicos especializados que asesoren en materia criminal, económica y ahora concursal.
–En general los abogados son contrarios al aumento de las penas, considerando que en muchos eso es penalizar la pobreza, vista la situación del Uruguay. ¿Cuál es su posición?
–Soy contrario al aumento de las penas, lo dije además cuando la última ley. Acabo de leer un artículo en que un jerarca de un establecimiento carcelario daba la cifra del aumento de presos en relación al año pasado y eso se debe a que se elevaron algunos delitos en cuanto al monto mínimo de la pena, situándolo en dos años, que hacen en función de lo establecido en la Constitución de la República inexcarcelable el delito, es decir el juez que tiene la causa no puede liberar al procesado. Entonces, si una persona entra a mi domicilio y me hurta el televisor, aunque sea primario y tenga 18 años va a tener que estar por lo menos dos años en la cárcel, salvo que la Corte en el acto de visitas de cárceles que se hace una vez por año le dé la libertad. Yo había dicho, y cualquier persona se tiene que dar cuenta de eso, que dentro de pocos años nuestras cárceles no darán abasto, y la cárcel que se proyecta construir ya tampoco daría abasto, es decir que todos los años tendríamos que construir una cárcel. El Estado, y en esto incluyo a todos, tiene que buscar otras soluciones e ir a la naciente del delito, que está en varios factores, no sólo el económico, están también los factores culturales, sociales y sustancialmente la organización de la familia, no me refiero a la familia matrimonio sino a la unión de la pareja, a los hijos y la educación que esa pareja les dé.
–¿Hay a su entender alguna forma de que la Suprema Corte dedique mayor tiempo al trabajo jurisdiccional y no tanto a las tareas administrativas?
–El trabajo jurisdiccional lo realizamos con un gran sacrificio parte en horas de oficina y la mayor parte, que es la de estudio, en nuestras casas, fuera del horario de oficina y los días inhábiles. El problema lo entiende cualquiera y cuando uno viaja y se encuentra con los ministros de otros países, se asombran de que en Uruguay haya una Corte integrada sólo con cinco ministros. El año 1907 se crea la Corte con cinco ministros, ya nos vamos de 2001 y seguimos con cinco ministros. En el área Penal ya hay 3 tribunales de Apelaciones, 21 jueces en Montevideo y todos los jueces del Interior; en el área Civil y de Familia en general hay 15 tribunales de Apelaciones, los juzgados de Familia, los juzgados de lo Civil. El trabajo que hacen esos juzgados en Montevideo y el Interior termina acá en la Corte. Entonces el ministro tiene que saber y especializarse en Laboral, Comercial, Derecho de Daño, en Penal, en todas las materias. Es un gran esfuerzo, no es imposible porque lo hacemos, pero es necesario que la Corte esté organizada en salas especializadas como existen en todas partes del mundo. Entonces el trabajo se hará no sólo mejor, que se hace muy bien, sino que se hará mucho menos tiempo.
–¿Por último, a qué va a dedicar mayormente su tiempo?
–Tengo proyectado no ejercer la profesión. Ese es el primer tema. El otro tema es recuperar lo que fui dejando por el camino en el aspecto cultural. Hablo de libros, de cine, de teatro. Disponer de mi tiempo para holgazanear un poco, leer cuando tengo ganas, caminar cuando tengo ganas, ir al cine cuando tengo ganas y quedarme en mi casa cuando tengo ganas. Sacar la obligación esta que no es sólo venir a la Corte, que no es la más pesada, sino tener en la casa siempre seis o siete expedientes y acá en la Corte un montón más, que hay que estudiarlos y sacarlos en un plazo. A los 70 años de edad, después de 51 años de trabajo, con algunas afecciones creo que es hora de que piense en mí mismo, sea un poco egoísta, y me dedique a disfrutar la vida.*
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