Pérez Piera: "No vamos a admitir una intromisión del Parlamento"

El jerarca afirmó que el equipo de gobierno municipal responderá a la convocatoria de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja para referirse al control de vehículos matriculados en el Interior. Sin embargo aclaró que «lo tomamos como una invitación. Si los diputados pretenden algo más que un intercambio de ideas estarían lesionando la autonomía municipal».

Las autoridades municipales concurrirán la semana próxima al Parlamento. Todavía no se ha resuelto si el intendente interino Ernesto de los Campos formará parte de la delegación. Pérez Piera enfatizó que en el tema patentes «el Parlamento no tiene ningún rol a jugar, ni potestades para citar ni pedir explicaciones al intendente. Puede invitarlo como a cualquier ciudadano para recibir las explicaciones que nosotros queramos dar. Con ese carácter de invitación, los vamos a visitar».

 

Cuestionamientos inaceptables

Los delegados del ejecutivo municipal «no aceptarán cuestionamientos. Cualquier intervención del Parlamento más allá del simple intercambio de ideas es una lesión a la autonomía municipal». En ese sentido Pérez Piera puntualizó que la gestión del intendente es controlada por la Junta Departamental.

A su entender, una intervención del Parlamento «sería como si la Junta citara a un ministro. Puede invitarlos para coordinar algún trabajo pero no puede exigir explicaciones de ningún tipo».

Por otra parte, enfatizó que la IMM está realizando la fiscalización «en el marco de lo dispuesto por decretos departamentales y por el Congreso de Intendentes, que establecen que los propietarios de vehículos deben pagar la patente donde tienen su domicilio. Estamos ejerciendo nuestros derechos».

Luego de reafirmar que los controles son «constitucionales y legales», Pérez Piera defendió el método aplicado por la comuna capitalina, al que calificó como «bastante amplio». Recordó que los conductores tienen varios medios para probar su residencia, incluyendo la presentación del título de propiedad del vehículo, credencial cívica, certificación notarial u otras vías probatorias.

Además, tienen un plazo de quince días luego de ser detenidos por los inspectores para presentarse en el Palacio Municipal. Recién cuando vence ese plazo se aplica la multa del cien por ciento de la patente. Pérez Piera comentó que «se ha dicho que la IMM piensa embargar los vehículos y eso no es así. Lo único que sucede es que si las personas son multadas y no pagan se recurre a la Justicia. Esto puede determinar un embargo al final del proceso pero se trata de un procedimiento habitual».

 

Criterios amplios

Pérez Piera defendió el criterio de aceptación de la credencial cívica como prueba de residencia, ya que «no la exigimos sino que la aceptamos. Si la persona no la tiene o no la quiere mostrar no lo hace». Desde su punto de vista, la aceptación de la credencial implica «una muestra de amplitud».

El jerarca dijo a LA REPUBLICA que la fiscalización «no es novedosa», dado que el intendente Mariano Arana anunció su voluntad de aplicarla a fines del año pasado y la reglamentó el 30 de abril. Señaló que «hay más de 25.000 vehículos cuyos propietarios viven en Montevideo pero empadronan en el Interior para obtener ventajas. Esta medida es contra ellos y no contra la gente del Interior. Lamentablemente siempre que se sale a fiscalizar se afecta a quienes están al día y tienen sus papeles en orden pero eso es inevitable».

Agregó que esta situación «de ninguna manera es una guerra de patentes porque estamos actuando dentro de lo resuelto por el Congreso de Intendentes». De cualquier manera reconoció que el sistema de patente actual «no es el mejor. El objetivo del Congreso es unificar los montos, el sistema de cobros y hasta las libretas. En ese sentido hay varias iniciativas planteadas como cargar las patentes a la nafta y otras propuestas a futuro. Creemos que sería ideal que esto se uniformizara y no hubiera patentes diversificadas pero esta es la situación y tenemos que actuar sobre esta base». *