Arana y Martín fueron citados al Parlamento

Borsari, cuyo planteo fue acompañado por unanimidad en la comisión, cuestionará al jefe comunal la fuerte fiscalización y multas aplicadas a quienes tienen sus vehículos patentados en el Interior del país. A su entender, la fiscalización que lleva adelante la comuna capitalina es una medida «injusta, inconstitucional e ilegal», además de ser «discriminatoria de los ciudadanos».

Señaló que la comuna capitalina «no se puede arrojar el derecho de decidir quién puede o no circular en sus calles» y explicó que se trata de una determinación «inconstitucional porque viola el artículo 7 de la Carta Magna en el cual se manifiesta que los habitantes de la República tienen el derecho de ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, y nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes.

Por tanto el derecho a la libertad de transitar libremente por el país está siendo violado en forma flagrante».

El tema está a estudio del Departamento Jurídico de la IMM, que en el transcurso de la semana próxima definirá el equipo que concurrirá a la comisión de Diputados. Fuentes del ejecutivo comunal indicaron a LA REPUBLICA que el Parlamento «no tiene potestad para citar al intendente. Se va a concurrir por cortesía y será antes del retorno de Arana desde Europa».

 

Junta respalda a Arana

El director de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental, Eduardo Brenta, señaló que «si desde el Parlamento citan a Arana, también tendrían que llamar a los intendentes de Canelones, Durazno o Río Negro, que ya hace meses salieron a fiscalizar. Esto no es nada más que el cumplimiento de una resolución del Congreso y es correcto que se haga porque cada departamento tiene derecho a contar con sus recursos legítimos».

Esta postura es acompañada por el Partido Colorado. El quincista Alberto Jar Sánchez apuntó que «cada Intendencia debe defender los tributos que le corresponden». Si bien los colorados no comparten «la modalidad» aplicada por la IMM, opinan que «es necesario tomar medidas para que la gente que vive en Montevideo tribute aquí».

El nacionalista Andrés Abt, que integra la Comisión de Tránsito en representación de su partido, considera que la fiscalización realizada en Montevideo demuestra «falta de coordinación del Congreso de Intendentes, que es incapaz de llegar a una política conjunta sobre el tema». A su entender es «injusto que la gente de distintos departamentos se enfrente porque en algunos departamentos la reprimen y aplican la fiscalización que quieren. La política de fiscalización debería salir del Congreso». *