Escándalo en Embajada de Uruguay en España

La Embajada de Uruguay, ubicada en Madrid, está encabezada por José María Araneo, ex director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, quien detectó la irregularidad.

El hecho no habría sido informado al presidente Jorge Batlle. La funcionaria en cuestión había sido designada por el doctor Enrique Tarigo, ex embajador en aquel país durante la anterior administración gubernativa. Tiene una larga trayectoria en el servicio exterior, desempeñándose además en diversas reparticiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al parecer, según las versiones, la funcionaria, de iniciales LC, habría falsificado una firma durante el manejo de determinada documentación contable para apropiarse de una fuerte suma de dinero.

La gravedad de los hechos determinó la aplicación de algunas medidas cautelares, como la suspensión de la funcionaria por seis meses, instruyéndosele un sumario.

LC es la segunda figura en jerarquía dentro del personal de la Embajada y gozaba de la total confianza del titular de la representación diplomática. Además, constituye un especial agravante, según las fuentes consultadas, que la firma falsificada sea la del embajador, aunque este extremo –sin embargo– no pudo ser confirmado con las restantes fuentes. Otras fuentes incluso manejaron que la firma en cuestión podría ser la del propio ex presidente Sanguinetti.

Por disposición expresa de las jerarquías del Ministerio, las comunicaciones entre la embajada y la sede de la Cancillería, así como las medidas adoptadas, se mantienen en total secreto.

Episodios de este tipo son poco frecuentes pero no excepcionales en distintos ámbitos del gobierno, según los datos aportados por las fuentes.

A escala de la Cancillería puede mencionarse el caso de la falsificación de una firma en la Embajada uruguaya en Guatemala, hace algunos años, por una funcionaria que posteriormente fue expulsada del servicio exterior. Este y los demás casos de corrupción no son informados a la opinión pública.

Destinos

Con respecto a los funcionarios acusados de distintas irregularidades y rehabilitados por el canciller Didier Opertti, se sigue aguardando sus nuevos destinos en el exterior.

Trascendió que, en un caso, existiría ya resolución firmada por el canciller para destinar a uno de los funcionarios a la Embajada uruguaya en España.

Las fuentes informaron por último su «gran extrañeza» por el absoluto silencio que la clase política y el Parlamento guardan sobre estos temas.

El asunto constituye una especial preocupación de la Asociación de Funcionarios de la Cancillería, la que insistentemente reclamó al ministro Opertti ser recibida para impulsar un código de ética que ponga fin a los abusos y permita una recuperación de la imagen pública de los funcionarios. Opertti nunca los recibió personalmente, para abordar el tema, que sigue pendiente.