Cámara analiza recursos contra reaforos

La Cámara de Representantes haría lugar hoy a los recursos que presentaron ediles y ciudadanos de Canelones contra la revalorización de los predios y las potestades cedidas por el legislativo comunal al intendente municipal canario, Tabaré Hackenbruch.

El pasado lunes la Comisión Especial –encargada de analizar los recursos contra las intendencias– de la Cámara de Representantes respaldó ambos recursos con los votos afirmativos de los legisladores del Partido Nacional, el EP -FA y el Nuevo Espacio. Hoy el tema será analizado en el plenario donde podrían existir los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad. Los legisladores colorados consideran que tanto los recursos presentados por vecinos y ediles «fueron mal presentados, y no afectan lo que se supone se quiere derogar». En ese sentido señalan que ninguno de los recursos «va contra el decreto que da vigencia a los nuevos valores imponibles y promulgados» por la comuna de Canelones. Los vecinos canarios recurren el artículo 11 del decreto número 17 de la Junta Departamental de Canelones, y los artículos 15 a 17 del mismo decreto aprobados en forma definitiva por el decreto número 20. El informe en mayoría elaborado por el diputado de la Vertiente Artiguista José Bayardi ataca por inconstitucionalidad «la delegación de atribuciones realizadas por la Junta Departamental a favor del intendente, en cuanto habilita a modificar las actualizaciones de los mínimos imponibles; y la violación del principio de igualdad que deriva del artículo 8 de la Constitución de la República». De los artículos impugnados «surge que existe un número de ciudadanos, contribuyentes que por una situación administrativa ajena al legislador, y al criterio de igualdad, se encuentra en una situación desventajosa frente a otros que se encuentran o, se podrían encontrar, en análoga situación».

Según Bayardi, la lógica de la norma hubiese sido «mantener en suspenso la aplicación de los nuevos valores hasta la generación del aforo». Para el parlamentario, dado que el convenio entre la comuna canaria y la Dirección Nacional de Catastro, basaron el reaforo en la valorización del terreno, se viola también el principio de igualdad, ya que esa forma no se mida el valor real de la propiedad gravada «tratando en forma igual a situaciones diferentes».

El diputado del Foro Batllista Guzmán Acosta y Lara consideró que el vecino que no estaba de acuerdo con los nuevos valores catastrales los debía impugnar ante quien los fijó, en este caso, la Dirección Nacional de Catastro. Asimismo, entiende que «no existe discriminación de clase alguna» de los contribuyentes.

En relación al recurso de los ediles, el diputado herrerista Luis Alberto Lacalle Pou entiende que «la actualización de los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo, no es otra cosa que fijar al monto del tributo y ello es facultad de la Junta Departamental». Sobre este aspecto, Acosta y Lara expresa que el decreto tuvo «el solo efecto de ser un acto jurídico preparatorio de un acto definitivo, por lo cual no es obligatorio»; y entiende que «no existe delegación ni inconstitucionalidad. El diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía no descartó promover un juicio político en caso de que la administración comunal siga adelante con los reaforos, pese a la postura que adopte el Parlamento. *