Quedó constituido el tribunal arbitral en el juicio de Benhamou contra el Estado

Benhamou se amparó en el Tratado Franco Uruguayo sobre la Protección y Promoción recíproca de las Inversiones suscrito en París en 1993 y aprobado en nuestro país por Ley Nº 16.818 para presentar su demanda. El gobierno de nuestro país aceptó la jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral de La Haya previsto en el tratado, por lo que será éste el que dirima el conflicto de intereses planteado, se espera que en seis meses.

La Corte Internacional de Arbitrje de La Haya eligió como autoridad nominadora al abogado español radicado en Madrid Alberto Cremades.

La presidencia de Tribunal Arbitral recayó en el abogado Andrés Rigo Sureda, con estudio jurídico en Washington DC, quien luego de ser nominado por Cremades, aceptó el cargo y convocó a las partes a una reunión preparatoria que tendrá lugar en París el próximo 15 de noviembre.

El abogado italiano con sede en Lugano Fabio Soldati fue designado por Benhamou como su letrado en este juicio arbitral.

El 29 de diciembre de 1999 el Poder Ejecutivo ya había designado a sus abogados defensores ante el Tribunal, recayendo esta responsabilidad en el doctor Tomás Brausee Berreta como titular y los doctores Elías Bluth, Juan Pablo Cajarville y Daniel Artecona como alternos.

Tiempo atrás Benhamou planteó una recusación contra el árbitro uruguayo Jorge Tálice, elegido en 1999 por el entonces presidente Julio María Sanguinetti, al entender que su condición de funcionario del gobierno uruguayo le quitaba imparcialidad, pues era embajador ante la Aladi y actualmente lo es ante el Reino de Bélgica. Sin embargo, el doctor Cremades desechó el planteo recusatorio, alegando que debió hacerse antes y no el 15 de agosto de este año como lo planteó Benhamou, pues anteriormente no ignoraba la causal de recusación invocada, por lo que Tálice se mantendrá en el tribunal como árbitro uruguayo.

Cabe recordar que previamente el doctor Carlos Curbelo Tammaro había realizado una serie de gestiones en representación de Benhamou en procura de una solución negociada del conflicto de interés con el gobierno, pero luego desitió indicando que la dureza de las posiciones hizo imposible un acuerdo.

Se aguarda que en seis meses se resuelva este caso y se sepa finalmente si Uruguay deberá pagar 120 millones de dólares al polémico banquero francomarroquí que adquirió el BPA en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Dicha venta posteriormente fue duramente cuestionada por una serie de irregularidades, que incluso significaron el procesamiento con prisión del ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central Enrique Braga (fallecido recientemente), y el ex secretario de Lacalle durante su presidencia Daniel Cambón. *