Parlamento analizará proyecto para castigar delitos de lesa humanidad

Suscriben la iniciativa legisladores en representación de todos los sectores del Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA).

El diputado por Alianza Progresista e integrante de la agrupación parlamentaria, Edgar Bellomo, recordó que se trata del «tercer intento» de consagrar en una ley un proyecto que tuvo su origen hace diez años ante la inquietud del Colegio de Abogados y que fuera suscrito en aquella oportunidad por el Frente Amplio y ahora por el EP-FA.

En el anteproyecto de ley se busca penalizar, como se establece en el primer artículo, «a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, pero donde tiene que haber complicidad o tolerancia estatal».

Bellomo señaló que cuando se habla de delitos de lesa humanidad se lo hace en el sentido de «aquellos delitos que exceden a la víctima, esto es la muerte por torturas que configura de por sí un hecho muy grave, o por cualquier otra de las circunstancias que se establecen en el proyecto que son graves de por sí».

Agregó: «Cuando estos derechos son sistemáticamente violados y están cometidos desde el Estado, adquieren una dimensión mayor, es decir, atentan contra la sociedad o sectores de la misma y contra la humanidad».

Los delitos específicamente penados en la propuesta legislativa son: «La tortura, el homicidio político, el ocultamiento de paradero y la desaparición forzada».

En ese sentido, en el artículo 12 se establece que se considerará configurada la desaparición efectiva de una persona, cuando «agotados los medios legales, no se hubiera logrado conocer su paradero.

Por medios legales se entenderá la interposición del ‘habeas corpus’ y el recurso de amparo sin resultados positivos».

Por otro lado, en el artículo sexto se determina la imprescriptibilidad: «Los delitos de lesa humanidad no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía o gracia, ni se aplicará a su respeto término de prescripción de tipo alguno». Para el legislador encuentrista, éste es el corazón del proyecto de ley que consta de un total de 18 artículos.

También se intenta penar, además del homicidio político, «la asociación para cometer los delitos de lesa humanidad, y algunas formas omisivas, haciendo referencia a aquellos funcionarios públicos que omitiesen evitar la comisión de algunos de estos hechos».

Asimismo se dispone que «algún funcionario público que habiendo tomado conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad no formulara la correspondiente denuncia, será castigado con 12 meses de prisión a cinco años de penitenciaría».

En el caso de que el funcionario fuese médico, se le impondrá, además, la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por doble tiempo de pena.

Entretanto, el artículo 17 se refiere a los jueces que habiendo tomado conocimiento no denunciaran el hecho competente dentro de 72 horas, por lo que serán castigados con la pena prevista para el delito que se trate.

«Es importante que la tortura, el homicidio político, el ocultamiento de paradero y la desaparición forzada estén tipificadas específicamente en nuestro código a efectos de que tengan una sanción determinada», indicó Bellomo.

El parlamentario subrayó que la propuesta apunta hacia «la nueva situación histórica de violación sistemática de los derechos humanos en un contexto diferente al de la guerra o complementario al de la guerra convencional». Por tal motivo resaltó la importancia de que, en un tiempo donde «todos condenamos al terrorismo, que también el Parlamento condene al terrorismo de Estado».

La comisión comenzará con la consideración de este proyecto en la presente semana y se aspira a que cuente con el respaldo de los legisladores de la coalición de gobierno, «porque existe otra conformación del Parlamento y ya no es tan político partidario emitir una señal en este sentido, como sí podría considerárselo hace diez años».

Bellomo indicó que el solo hecho de que el presidente y vicepresidente de la comisión, el nacionalista Raúl Argenzio y el forista Alberto Scavarelli respectivamente no se opusieran al tratamiento del proyecto, cuando había otros a tratar, «es una señal» en el sentido de que puede contar con el apoyo de la coalición de gobierno.

Para el legislador, el artículo 6 del actual proyecto establece «un criterio diferente al que se laudó en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pero en la medida que se apruebe se estaría evitando una nueva futura Ley de Caducidad si se volviera a vivir una situación similar al régimen de facto».

Respuesta a las atrocidades

En la exposición de motivos se destaca que una noción de crímenes contra la humanidad surge en la vida política como respuesta de la comunidad internacional a las atrocidades cometidas por la Alemania Nazi y se materializa en el estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg.

El proyecto tiende a realizar y establecer un principio fundamental de largo afianzamiento en la conciencia universal, como lo es el de imponer «el necesario castigo» a quienes desde el gobierno de un Estado o con su complicidad desconozcan y violen sistemáticamente los derechos humanos fundamentales de los individuos a su cargo.

«La iniciativa evidencia el grado de repulsión que ha alcanzado en nuestra sociedad la represión inhumana de la dictadura militar y reafirma la confianza en que la fortaleza del sistema democrático y la realización de los derechos humanos implica, necesariamente, el castigo ejemplar para quienes los viole». *