Polémica por ejecución judicial a productor rural

Pocas horas después que se suspendiera el remate del campo de un productor fallecido, el viernes 26 de octubre, el abogado de los acreedores anunció que la «única alternativa» para cobrar las deudas es la ejecución de la propiedad, en tanto que el rematador acusó a las gremiales agrarias de convertir este caso en una «cuestión política». Tal como informó LA REPUBLICA, el viernes 26 de octubre, la jueza de la ciudad de Canelones, Fabiana Weisz, suspendió el remate del predio del productor Daniel Lema, muerto hace aproximadamente dos meses, quien mantenía importantes deudas con diversas instituciones, entre ellas los bancos República, Comercial y la cooperativa Conaprole. La magistrada tomó esa decisión tras escuchar los argumentos planteados por la viuda de Lema. El representante legal de los acreedores, René Alvear, afirmó que en 1993 el propio Daniel Lema había establecido la entrega de su único bien en caso de no encontrar una salida para el pago de sus importantes deudas. El jurista manifestó que en este caso «no hay otra alternativa» que recurrir al remate de la propiedad para cubrir los reclamos de los acreedores. De todos modos, afirmó que las entidades que intentan cobrar el dinero no serán «insensibles ante ninguna situación». Mientras tanto, el rematador Abel Lapizaga, encargado de llevar adelante la fracasada subasta, rechazó que, tal como han declarado los dirigentes gremiales, haya intentado perjudicar a la familia de Lema, con la que dijo tener «amistad». «Yo no tengo nada que ver, soy un auxiliar de la Justicia», declaró.

«De esto hicieron una cuestión política», lamentó, y acusó al presidente de Afydaj y del CVU, Aramir Silva, de decir «barbaridades». En ese sentido, adelantó que las declaraciones del dirigente gremial a distintos medios de prensa serán puestas a disposición de la Justicia, pues consideró que «no se ajustan a la realidad». *