La hora de la "movilidad" de los funcionarios públicos en Uruguay

Años atrás la fórmula gubernamental fue el mero pasaje de empresas públicas al Derecho Privado no estatal, y la declaración de «excedentarios», pero determinaron los fracasos en la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE), y Instituto Nacional de Abastecimiento (INA), ex Subsistencias, en donde se procedió a una erogación económica muy grande de parte del Estado, y situaciones conflictivas sobre el alcance de los derechos adquiridos por los mismos.

Pero en las últimos días, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, admitió que el proyecto de reforma de la Dirección General Impositiva (DGI) consagra el inicio de un camino hacia la movilidad de los funcionarios públicos.

Al ser consultado sobre si creía que esto pondría fin a la inamovilidad, consideró que «sin duda es el inicio; no sé cuán largo será el camino y sus bifurcaciones. Me parece que es la primera vez que se pone arriba de la mesa un nuevo concepto de contratación entre el Estado y sus funcionarios».

En tanto, en el Senado, en la Comisión de Servicios Públicos, se manejan varias posibilidades respecto al estatus que obtendrían los funcionarios de Ancap ante la posibilidad de conformarse una asociación comercial con privados. Tampoco lo tiene definido el Poder Ejecutivo.

Según información suministrada por el senador nacionalista Francisco Gallinal, «en el proceso de venta del Banco la Caja Obrera se estaría comprometiendo la posibilidad de ingresar como funcionarios públicos del Banco Hipotecario del Uruguay, del Banco de Seguros del Estado y del Banco de la República a 120 de los 500 o 600 empleados que en este momento tiene esa institución bancaria». Recordó que «es un dato conocido que en el proceso de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se estableció, en el pliego de condiciones, la obligación de la nueva sociedad de incorporar 30 funcionarios de la Administración Nacional de Puertos, y el Estado se comprometió a que por toda persona que ingrese por encima de las 30, se pagará a la nueva sociedad U$S 600 mensuales durante diez años».

El caso Ancap

El caso del destino de los trabajadores de Ancap en una eventual asociación con privados es realmente discutido en las últimas horas.

Desde filas del Partido Nacional, los senadores Luis Alberto Heber, Francisco Gallinal y Jorge Larrañaga presentaron un proyecto por el cual los funcionarios que opten por sumarse al emprendimiento privado, en el caso que no le vaya bien, tendrá reservado el lugar con el mismo salario y derechos adquiridos.

«La posibilidad de que haya gente que pruebe suerte en la sociedad sin por ello perder la fuente de trabajo permanente que le garantiza ANCAP, puede constituir un incentivo y llevar a que se tenga más confianza en sí misma y a que se realice una experiencia laboral exitosa. Quizás después de cierto tiempo podría terminar abandonando la Administración en función de su consolidación como funcionario de la nueva sociedad», afirmó Heber.

Al participar semanas antes en la comisión parlamentaria, el director de la Oficina de Prespuesto y Planeamiento, Ariel Davrieux, discrepó con esa posibilidad y se manifestó más proclive al pago de retiros incentivados. No obstante, el oficialista Alejandro Atchugarry sostuvo: «Me he tomado la libertad de solicitar esta interrupción porque, haciendo memoria, recuerdo que el señor (Jorge) Sanguinetti en algún momento manejó como una de las opciones algo que coincidía plenamente con ese proyecto. Si no me equivoco, dicha opción consistía en la reserva del cargo o la licencia sin goce de sueldo. Creo que el presidente de Ancap había planteado algo así como otorgar dos años y dar un incentivo para pasar a la nueva sociedad.

Si la persona consideraba que era más conveniente volver a Ancap, tenía que devolver el incentivo». Por otra parte, «aclaro que incluso efectuó una consulta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En aquel momento pensó que era más prudente hacer una pausa, ya que la discusión en abstracto puede conducir a conclusiones no queridas, y cuando la trasladamos a situaciones concretas, observamos que muchos de los procesos van a requerir soluciones similares a las planteadas por el proyecto oportunamente propuesto por los señores senadores».

Desde filas del Encuentro Progresista, la senadora Marina Arismendi puntualizó que «en el borrador que nos ha presentado el presidente de Ancap, concretamente en la página 8, donde dice ‘Personal’, se indica: ‘La Nueva Sociedad establecerá el número del personal necesario y elegirá, de la nómina de Ancap, los funcionarios a los que les ofrecerá pasar a prestar funciones en la Nueva Sociedad». El documento agrega que «se establecerán incentivos de manera de lograr que la Nueva Sociedad tome la mayor cantidad posible del actual personal de Ancap.

Los funcionarios restantes conservarán su calidad de funcionarios públicos en todos los casos. Asimismo, se establecerán mecanismos que posibiliten la mejor integración del actual personal de Ancap al proceso definido».

Y el presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti explicó: «En la idea que habíamos volcado en este trabajo sobre el incentivo por el pasaje de los funcionarios del Derecho Público al Privado y la posibilidad de su retorno, habí amos planteado, incluso, otra alternativa más, en el sentido de que, en caso de futuras reestructuraciones que se hicieran en Ancap, a aquellos funcionarios que –transcurrido el plazo– pudieran quedar cesantes, no por culpa suya sino por decisión de la empresa, se les permitiera volver a la empresa». *