El Partido Colorado aspira a que la Justicia impida depósito de tóxicos en Montevideo

La bancada de ediles del Partido Colorado presentará al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, un documento recopilando testimonios, declaraciones en comisiones de la Junta Departamental y material relativo a la contaminación con residuos tóxicos.

El sector aspira a que la Justicia intervenga para impedir que la Intendencia de Montevideo (IMM) habilite el depósito de residuos contaminantes del área metropolitana. El Partido Colorado se opone al convenio que la IMM firmará con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), para instalar relleno sanitario de seguridad en la capital y colocar allí los residuos tóxicos acumulados dentro del área comprendida por Libertad, San José, Progreso, Canelones, las Piedras y Pando.

La edila Cristina Ferro acusó a la administración de aceptar los residuos «por afán recaudatorio».

En una sesión de la comisión investigadora por el plomo en La Teja, realizada el 11 de junio pasado, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Luis Lazo, reconoció que a las empresas «se les cobra por tonelada vertida» y admitió que la administración «no está obligada» a aceptar los desechos.

«Afán recaudador»

Ferro reclama que la administración consulte el tema con la Junta Departamental, ya que el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal establece que el deliberativo debe «velar por los derechos individuales de los habitantes del departamento».

Desde su punto de vista, el traslado de residuos tóxicos a la capital implica «un riesgo para la salud. El medio ambiente también es un derecho individual de los ciudadanos y nosotros deberíamos ser consultados al respecto».

Lazo admitió en la sesión anteriormente citada que la IMM nunca firmó convenios con la Intendencia de San José ni con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para recibir los desechos contaminados. Los ediles colorados quieren conocer el destino de la basura que ya fue trasladada desde otros departamentos, ya que el director indicó que no existían traslados «en forma oficial aunque clandestinamente puede ser». Además de reclamar que estos residuos sean ubicados y debidamente tratados, los colorados aspiran a que la Justicia adopte medidas para evitar que Montevideo «reciba desechos tóxicos de casi todo el país. El área metropolitana debe abarcar el 90% de las empresas y no podemos aceptar que Montevideo se haga cargo por un simple afán recaudador del municipio». *