El EP-FA rechazó votar la semana próxima el proyecto de desmonopolización de Ancap

Los legisladores oficialistas plantearon que se vote la semana entrante, el proyecto de desmonopolización de la importación y refinación del crudo. El EP-FA lo rechazó, pero mostró las diferencias existentes en su seno sobre el destino de Ancap.

Ayer, el senador Alejandro Atchugarry propuso, en nombre de la coalición de gobierno, que la Comisión Especial de Servicios Públicos del Senado votara el proyecto de ley de desmonopolización de la importación y refinación de petróleo. El planteo fue rechazado por los miembros encuentristas de la Comisión (Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Enrique Rubio, Marina Arismendi y la suplente de Alberto Couriel, Margarita Percovich) porque, dijo Astori a LA REPUBLICA, el EP-FA aún no ha tomado posición sobre el tema. Pero, también, debido a que hay varios temas a dilucidar antes de definir la desmonopolización, por ejemplo, la discusión sobre la asociación de Ancap con un socio privado (Ver nota en página siguiente).

El senador de Asamblea Uruguay advirtió que no se puede obligar a la primera fuerza política del país a tomar una decisión apresurada, más cuando «es posible llegar a acuerdos sobre el asunto». Por su parte Rubio, en una línea argumental similar, sostuvo que existen por lo menos siete pasos previos a cualquier aprobación de la desmonopolización.

El primero, definir el marco regulatorio, pues de él depende, entre otras cosas, la forma de distribución del combustible y la existencia o no de subsidios a algunos productos. También debe definirse si el proyecto de asociación de Ancap se hará mediante una ley o por mera iniciativa de su Directorio. En tercer lugar, cuál es el plan de negocios que aceptará el ente de su futuro asociado y el proyecto de inversiones demandadas a la contraparte.

Rubio aclaró que en los borradores entregados por la presidencia del ente, no se habla de las demandas mínimas. «Cuarto, el borrador descarta la cogestión, salvo en las definiciones estratégicas, dejando de lado la gestión estatal en el plan productivo y comercial», subrayó. En quinto lugar, la situación de los trabajadores de Ancap en la nueva empresa; sexto si habrá o no control del Tribunal de Cuentas; por último, el papel que jugará la sociedad logística asociada (presente en el último borrador entregado), encargada de gestionar las instalaciones del ente que llegan hasta la refinería de La Teja (boya petrolera y oleoducto).

Si bien la posición de los legisladores encuentristas fue operativamente homogénea, oponiéndose a resolver el tema en una semana, en las exposiciones aparecieron algunas diferencias. Una de ellas basada en la posibilidad o no de llegar a un acuerdo con el gobierno sobre el futuro de Ancap.

El escepticismo sobre ello está vinculado al grado de aceptación con que, en la interna frentista, se tomó el documento de la Comisión de Programa del EP-FA que acepta el planteo gubernamental de que la gestión de la nueva empresa constituida por el ente con un socio, básicamente, esté en manos privadas. Por ejemplo, Gargano reiteró a LA REPUBLICA su desacuerdo con el mismo, subrayando que no fue aprobado por ningún organismo político. Distinta es la postura de Rubio y Astori que lo comparten. *