Denuncia penal y gestiones de último momento

Los familiares de detenidos desaparecidos presentaron ayer una denuncia penal en Buenos Aires contra el Corredor de Bolsa argentino Carlos Gómez, a quien acusan de «defraudación por administración fraudulenta» del dinero que les correspondía como indemnización por la pérdida de seres queridos durante la dictadura militar. Se estima en un millón y medio de dólares el monto aproximado de la maniobra.

El grupo, integrado por 27 personas, veinte de los cuales son uruguayos, se contactó ayer con la Comisión para la Paz y hoy tienen previsto hacerlo con el embajador uruguayo en la Argentina, doctor Alberto Volonté, y con la doctora Mary Robinson, Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, quien ayer arribó a Buenos Aires. También hubo contactos con el gobierno argentino, a través de la Secretaría General de Derechos Humanos. En el caso de la Comisión, ésta tomó conocimiento de la situación aunque se aclaró que no estaba dentro de su competencia adoptar directamente algún tipo de medida.

Los familiares se enteraron del fraude por boca del propio implicado. El lunes, en su estudio de la ciudad de Buenos Aires, Gómez, con total desparpajo, admitió que había dispuesto de los bonos públicos en una operación no autorizada por los comitentes. «El Sr. Carlos Gerardo Gómez dijo que había retirado los bonos de la Caja de Valores para entregarlos en caución de un préstamo que había solicitado para cubrir las deudas de su compañía», se afirma en la denuncia a la que accedió LA REPUBLICA.. El corredor «no quiso dar precisiones acerca de la operación especialmente con referencia a las personas físicas o jurídicas que habían recibido los bonos en caución, ni exhibió la documentación respaldatoria de la operación». «Tuvo además el atrevimiento de requerir una convalidación de la operación para evitar que trascendiera la ilicitud cometida lo que, según él, determinaría la intervención del Mercado de Valores y que le retiraran la autorización para operar en la Bolsa. Deslizó la amenaza de que si esto llegara a ocurrir, perderíamos la posibilidad de recuperar los títulos». La reunión culminó abruptamente, con recriminaciones a él y a su abogado por parte de los familiares. Ese mismo día, denunciaron la situación ante el Mercado de Valores, lo que determinó la suspensión del corredor para operar en la Bolsa y una auditoría a la firma Capital Services SA Sociedad de Bolsa», que él preside. *