Poder Ejecutivo admitió "error" al no incluir financiación en proyecto de ley

El Poder Ejecutivo aceptó que cometió un «error involuntario» al no incluir, en la redacción del proyecto de ley sobre la reparación de los derechos jubilatorios de trabajadores de la actividad privada perseguidos por la dictadura, la financiación adecuada de la iniciativa. En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión solicitó una semana más de plazo para elaborar un proyecto de artículo sustitutivo que contenga una fuente de financiación genuina.

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes se encuentra abocada al estudio de la iniciativa por la cual se le reconoce, a todas las personas de la actividad privada, como efectivamente trabajado el tiempo que durante la dictadura se hubieran visto obligadas a abandonar el país por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, las que hubieran estado detenidas por delitos sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad.

En ese sentido, el diputado por el Batllismo, Lista 15 e integrante de la agrupación parlamentaria Gustavo Silveira indicó que la propuesta contempla el reclamo de «un sector importante de trabajadores y ciudadanos perjudicados por el gobierno de facto»; sin embargo, «al entrar en su análisis surge que el proyecto no tiene financiación genuina, ya que el artículo 86 de la Constitución de la República establece que todos los proyectos de ley que generen gastos deberán indicar los recursos con que esos gastos se van a pagar». El legislador batllista sostuvo que «se ha terminado de votar una Rendición de Cuentas con más de 800 millones de déficit, o sea que Rentas Generales cerró deficitariamente. Entonces si se generan proyectos que no contemplan una financiación, sino que como en este caso se expresa que será financiado por Rentas Generales, estamos incumpliendo con la Carta Magna y se agranda el déficit». Silveira afirmó que «el Poder Ejecutivo comprendió que se trataba de un error involuntario, producto del interés de aprobar cuanto antes la iniciativa y que involuntariamente se omitió llenar las formalidades de buscarle una financiación adecuada».

Por esa razón el secretario de Estado solicitó «una semana más de plazo para elaborar un proyecto de artículo sustitutivo que contenga una fuente de financiación genuina» para la reparación de los funcionarios de la actividad privada perseguidos por la dictadura y, de esa manera, «salvarlo de la inconstitucionalidad».

Silveira afirmó que «el principal obstáculo que constitucionalmente tenía el proyecto para ser aprobado será salvado en breves días, y por tal motivo se procederá no más allá de noviembre a la votación tanto en comisión como en el plenario».

El parlamentario sostuvo que no «es fácil tener una idea exacta de la cantidad de gente que podría resultar beneficiada, aunque se puede tener una idea de cuántos presos políticos hubo durante la dictadura, quienes tendrían derecho a estar contemplados en la norma. Además, el reconocimiento de esos años también puede generar derechos a los causahabientes». Agregó que por las «estimaciones existentes se podría estar hablando de un piso de 800 personas».

Agregó que las modificaciones «importantes» que planteó al proyecto original el diputado socialista José Luis Blasina «no las acompaña porque el proyecto surge de una voluntad del Ejecutivo y de conversaciones entre el presidente de la República, Jorge Batlle y el presidente del EP-FA Tabaré Vázquez. *