Debate en la Cámara sobre el terrorismo
La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó, con los votos en contra de los diputados del Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA), el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas con bombas.
El convenio, que tiene media sanción del Senado, será considerado en esta jornada por el plenario de la Cámara. El texto indica que comete actos terroristas quien «ilícita e intencionalmente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en contra de un lugar de uso público, instalación pública o gobierno, red de transporte público o instalación de infraestructura con el propósito de causar muerte, o graves lesiones corporales, destrucción significativa, o instalación que pueda producir gran perjuicio económico».
Los delitos enunciados estarán incluidos en los que dan lugar a extradición entre los Estados parte con anterioridad a la entrada en vigor del convenio.
El diputado por Desafío Nacional Sebastián Da Silva indicó que la intención del Partido Nacional es ver si el convenio puede ser «tratarlo y aprobarlo en la presente semana para acompasar la legislación nacional ante el momento que se está viviendo en el mundo».
Da Silva considera oportuno que «todo el sistema político se pueda pronunciar acerca de cuál es la posición sobre la represión de actos terroristas cometidos con bombas.
El parlamentario nacionalista aspira a que el tratado obtenga la aprobación unánime de los legisladores en la rama baja parlamentaria.
Por su lado, Pita señaló que «casi todos los convenios contra el terrorismo vigentes se han visto superados por la realidad a partir del pasado 11 de setiembre, ya que las definiciones sobre terrorismo que había hasta el momento son incapaces de contemplar las situaciones generadas a partir de esa fecha».
Los diputados de la coalición de izquierda que integran la comisión han planteado objeciones técnicas al convenio, pero aún no ha definido una posición política, independientemente de que no lo consideran un convenio relevante.
Pita expresó que al margen de esta convención, «que no tiene gran relevancia», queda pendiente de ratificación el tratado que el Poder Ejecutivo aún no ha remitido al Poder Legislativo, a través del que se crean formas jurídicas de cooperación internacional para combatir el financiamiento del terrorismo y que data del año 1999. *
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