Bensión: "El problema en la DGI es serio"

Durante la discusión del proyecto de reestructura de la Dirección General Impositiva (DGI), en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, indicó que «se ha llegado a decir que ni el propio ministro cree en la bondad de esta iniciativa, puesto que propone un impuesto para financiar lo que se supone se va a financiar con creces por el resultado que va a dar esta reestructura», lo que calificó como expresiones de «mala fe» lo que derivó en un enfrentamiento con la diputada por el Espacio 90, Silvana Charlone.

La agrupación parlamentaria recibió ayer al ministro y al subsecretario Aldo Bonsignore y al director de la (DGI) Marcelo Brasca con la finalidad de comenzar el análisis del proyecto de reestructura del organismo impositivo.

Bensión señaló –según consta en la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió LA REPUBLICA– que «el problema de la DGI es serio; su inadecuación institucional lleva muchas décadas en el país y, por distintos motivos existe la obligación de afrontarla en forma explícita».

«Sabemos que estamos proponiendo una ley que dispone aumentos de sueldos en un momento en que la Administración ha sido particularmente restrictiva en esta materia, y que eso nos abre un posible flanco de crítica frente a distintos sectores de opinión, tanto en el Parlamento como en el resto de la opinión pública del país», afirmó el secretario de Estado.

Bensión aceptó que «una propuesta de este tipo puede generar demandas similares de otros sectores con responsabilidades recaudatorias del mismo orden en otras oficinas del Ministerio o de otros organismos del Estado, y que existen funcionarios que se sienten perturbados, perjudicados o postergados en la medida en que aquí hay cierta contemplación especial».

Según Bensión, en la medida en que el Ministerio propone una combinación de impuestos para «financiar el aumento de gasto que va implícito en el proyecto de ley», se hace vulnerable a la «crítica» porque la opinión pública en su totalidad está «plenamente consciente de que la presión fiscal en el Uruguay ha llegado a límites que, por distintas circunstancias, no conviene sobrepasar».

En el proyecto de reestructura se propone la creación de un Cuerpo Técnico Tributario (CTT) con personal técnico encargado de tareas de fiscalización y de tareas estratégicas conexas, en régimen de contratación y con dedicación excluyente de cualquier otra actividad remunerada. Las retribuciones para el personal del CTT van de «entre U$S 1.500, como mínimo, y U$S 5.700, como máximo».

 

Enfrentamiento

 

«Se ha llegado a decir que ni el propio ministro cree en la bondad de este proyecto, puesto que propone un impuesto para financiar lo que se supone se va a financiar con creces por el resultado que va a dar esta reestructura de la DGI, como confiamos que efectivamente va a ser. Yo diría que una consideración de este tipo es una inadvertencia de lo que marca nuestra Constitución o, directamente, una apreciación de mala fe», expresó el secretario de Estado.

En ese sentido, la diputada por el Espacio 90 Silvana Charlone intervino: «Supongo por sus palabras, que el señor ministro se está refiriendo a declaraciones mías que salieron publicadas. Efectivamente, dije que si se pretendía crear un nuevo impuesto para financiar una reestructura que tiene por objetivo dar transparencia, cristalinidad y aumentar la recaudación, parece ilógico que para aumentar la recaudación terminemos creando un nuevo impuesto. Conozco el artículo 86 de la Constitución y el señor ministro también lo conoce. Si estamos mejorando la recaudación y si se tiene confianza de que vamos a obtener resultados, se puede financiar con cargo a la mejora de la recaudación».

Agregó que «no hay desconocimiento de la Constitución, inadvertencia ni mala fe. No hablamos de mala fe y eso no se lo voy a permitir. Podemos tener diferencias, pero no vamos a permitir que nadie nos atribuya mala fe». Entretanto, el diputado por Asamblea Uruguay Carlos Baráibar, aclaró que la bancada de diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio, (EP-FA) «no ha tomado posición sobre este tema» y que todos sus integrantes hablaban «a título personal».

El legislador entiende que la reestructura planteada «tendrá un período de maduración» y que «los efectos de mejoramiento de la recaudación no serán inmediatos». «Naturalmente, como soy un hombre de partido, acataré las decisiones que éste tome orgánicamente, pero debo decir que, como en pocas excepciones, comparto lo que ha dicho hasta ahora el señor ministro».

Bensión, entretanto, puntualizó que no tuvo oportunidad de leer las declaraciones de Charlone publicadas en la prensa; y aclaró que se estaba refiriendo a «diversas apreciaciones realizadas en el correr de estas últimas semanas sobre el mismo tema».

«El punto es que el artículo 86 de la Constitución de la República obliga a prever recursos y creo que hay que entenderlo».

En ese sentido, el secretario de Estado indicó que se aumenta del actual 1% al 1,5% la tasa aplicable a la constitución de las sociedades anónimas. «Esto es aproximadamente U$S 250 de aumento de impuestos por cada nueva sociedad anónima que se constituye, este 1,5% se aplica a pleno, desde cero, para la constitución de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Lo cual significa que, a partir de la aprobación del proyecto, la constitución de las SAFI en el Uruguay va a costar U$S 662 más que hasta ahora».

El segundo impuesto se trata de la creación de una tasa, «no del aumento de una tasa, y la hemos establecido en el 0,75% para cada cierre de Ejercicio. Estas dos tasas están referidas al capital mínimo de las sociedades anónimas; esto, en términos actuales, significa U$S 338 por año. Pero, como se establece en el artículo siguiente, estos U$S 338 –no lo dice en estos términos– se podrán imputar al pago del Impuesto al Patrimonio o del impuesto a las SAFI».

Bensión sostuvo que en el momento actual hay alrededor de 8.500 SAFI en actividad administrativa y que se crean 4.000 por año. «El 20% de estas SAFI, es decir, 1.700, paga el 90% del impuesto a las SAFI que se recauda en el Uruguay, que está en el orden de los U$S 13:000.000 por año. Es decir que con esta tasa que se crea el grueso de la recaudación no se va a ver afectado. Estas sociedades que hoy están pagando el grueso del impuesto a las SAFI, en los hechos no van a pagar esta tasa; sí la van a pagar una cantidad importante de SAFI y de sociedades anónimas que hoy no pagan prácticamente ningún impuesto; les estamos fijando este mínimo anual de U$S 338″. *