Extradición de egipcio puede colocar a Uruguay como "objetivo" de Bin Laden

La "jihad" de Al Qaeda incluye matar a estadounidenses y sus aliados en cualquier país. "Lista negra" norteamericana también había incluido inicialmente a Uruguay. El "matiz" en la política internacional uruguaya habría recibido fuerte presión del exterior.

Escrito por: ROGER RODRIGUEZ

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia en favor de otorgar la extradición del ciudadano egipcio Elsaid Hassan Alí Mohamed Mokhles, requerido por el gobierno de El Cairo por su presunta responsabilidad en actos terroristas, colocará a Uruguay en la lista de “posibles objetivos” de Al Qaeda, la organización encabezada por Osama Bin Laden.

“Más que una hipótesis, es una realidad”, afirmó a LA REPUBLICA una fuente vinculada a la “mesa de análisis” que integran la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) del Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior.

“La independencia del Poder Judicial no es un concepto que vayan a manejar quienes deciden las acciones de Al Qaeda. Para ellos la extradición sería una decisión de Estado”, explicaron los informantes, que reconocieron la existencia de una fuerte presión internacional por el lento proceso de extradición de Mokhles, que fue detenido con un pasaporte malayo falso en enero de 1999.

El propio ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, había criticado públicamente la demora judicial, días antes del pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno, que revocó el fallo del juez Pedro Hackenbruch, quien inicialmente había denegado la extradición.

Las fuentes recordaron que la “jihad” (Guerra Santa) contra Estados Unidos a la que convocó Bin Laden tiene su origen en un “fatwa” emitido en 1998 y reiterada ahora, en la que se dice que “Matar a los estadounidenses y a sus aliados, tanto civiles como militares, es un deber individual de todo musulmán que sea capaz, en cualquier país donde esto sea posible”.

“Sería paradójico que Uruguay confirme que el egipcio es terrorista porque llegara a sufrir algun tipo de represalia”, dedujo el informante, quien advirtió que “si fuese extraditado y no hay eventuales represalias, tampoco quiere decir que no sea terrorista”.

 

De una lista a la otra

 

Sólo días después de los atentados en Nueva York y Washington, un informe de Servicio de Investigaciones del Congreso norteamericano había incluido a Uruguay en una lista de 35 regiones del mundo que cobijaban a grupos terroristas, según publicó The Washington Post.

Fueron necesarias gestiones de la encargada comercial nortamericana en Montevideo, Marianne Myles, y una serie de aclaraciones públicas del embajador uruguayo ante Estados Unidos, Hugo Fernández Faingold, para que se retirara al país de esa “lista negra”.

También el ministro de Defensa, Luis Brezzo, subrayó públicamente que no había ningún indicio sobre la existencia de células terroristas en Uruguay, saliendo al cruce de las sospechas sugeridas por varias publicaciones internacionales, que apuntaron sobre la presencia de una amplia colectividad árabe en la fronteriza ciudad de Chuy.

Uruguay había aparecido en el listado de “enemigos” norteamericanos pocos días después que el presidente George W. Bush advirtiera al mundo que en esta guerra “sólo se puede estar con Estados Unidos y sus aliados, o contra ellos”.

La declaración de Bush tuvo como respuesta uruguaya una resolución aprobada por el presidente Jorge Batlle y su Consejo de Ministros el martes de 18 de setiembre, sólo una semana después de los atentados al Wolrd Trade Center y el Pentágono.

En la declaración, el gobierno fijo su “política de Estado”: ratificó su apoyo y solidaridad con Estados Unidos y manifestó su rechazo a toda forma de terrorismo, pero señaló que era necesario “reforzar la unidad inernacional en torno a la defensa de la paz”, particularmente en el plano regional.

 

El “matiz” de Uruguay

 

El “matiz” uruguayo, que fue acompañado por todas los sectores políticos del país, volvió a expresarse en un discurso que el canciller Opertti dirigió el 22 de setiembre a sus colegas en la XXIII Reunión de consulta de ministros del Exterior de la Organización de Estados Americanos (OEA). La estrategia que Uruguay diseñó en su política exterior procuraba, en primer lugar, fijar posición ante la OEA sobre la necesidad de coordinar acciones e información en el marco del Comité Internacional contra el Terrorismo, que fue creado pero no ha estado funcionando.

Paralelamente, la cancillería aceptó dar el consenso que la OEA necesitaba para aceptar la iniciativa argentina sobre resucitar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aun cuando Uruguay no está de acuerdo con ese órgano de consulta. Los argumentos dados por Brasil y México y, particularmente, la necesidad de evitar un “aislamiento” de su posición habrían incidido en la decisión uruguaya, dijeron fuentes políticas a LA REPUBLICA.

Como contrapartida, Uruguay terminó pidiendo, en el escenario de la Organización de Naciones Unidas, que en el ámbito del Grupo de Río se analizaran los alcances de la Resolución 1373, aprobada por unanimidad y en la que se invoca al capítulo séptimo de la carta de la ONU, donde se definen las formas de apoyo para el uso legítimo de la fuerza. La posición uruguaya, explicaron observadores políticos, tiende a priorizar el trabajo en una Convención contra el Financiamiento del Terrorismo, cuya ratificación a nivel local está pendiente desde el año 1999. “Más que en el uso de la fuerza, el país cree que el terrorismo se combate atacando su economía”, alegó una de las fuentes.

 

El “factor” extradición

 

El plan de la cancillería uruguaya concluía con una presentación del propio presidente Jorge Batlle ante el plenario de la ONU, donde está previsto que hable en los primeros días de noviembre. Sin embargo, las presiones exteriores habrían comenzado a incluir un elemento que ha complicado a la política exterior uruguaya en los últimos años: el “factor” extradición. El caso del egipcio detenido en la cárcel central tiene dos claros antecedentes que en su momento provocaron fuertes dolores de cabeza a los dos antecesores de Jorge Batlle en la Presidencia de la República.

En agosto de 1994, sólo días después que en Argentina se produjera el atentado contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), se resolvió la extradición de tres ciudadanos vascos acusados de pertenecer al grupo separatista ETA. El presidente Luis Alberto Lacalle y su ministro del Interior, Angel María Gianola, decidieron trasladar a España a Jesús Goitía, Mikel Ibañez y Luis Lizarralde, aunque estaban internados en el Hospital Filtro por una huelga de hambre. Aquel 24 de agosto concluyó con una terrible represión a quienes manifestaban su apoyo a los vascos y provocó la aún sin clarificar muerte de Fernando Morroni.

Sólo dos años después, con Julio María Sanguinetti vuelto al sillón presidencial, Uruguay tenía en proceso de extradición a dos ciudadanos peruanos acusados de pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El 17 de diciembre un comando del MRTA tomó la embajada de Japón en Lima, con casi un centenar de rehenes. Entre ellos, el embajador uruguayo Tabaré Bocalandro. El incidente, que concluyó meses después cuando la embajada fue recuperada por fuerzas peruanas, dejó una mala imagen exterior de Uruguay cuando, a la vez que no se concedía la extradición de los peruanos, el MRTA dejaba en libertad al diplomático uruguayo.

El 21 de enero de 1999, cuando Mokhles se presentó ante la Dirección de Migración de la Aduana en el Chuy con un pasaporte malayo que fue identificado como falso, nadie imaginaba que su proceso de extradicción coincidiría con el atentado a las torres gemelas y el comienzo de una guerra globalizada c
ontra el terrorismo, para generar una nueva jaqueca política. *