Una nueva lección de política de seguridad

asi tan dramática y espectacular como el desplome de los edificios, y en consecuencia los de la economía y del mercado accionario, fue la depreciación de las inversiones de un billón de dólares de las superpotencias en armas, fuerzas y bases militares en casa y en el extranjero.

En los últimos años, la industria militar de Estados Unidos tuvo el visto bueno para usar astronómicas sumas de dinero de los contribuyentes para la construcción de un escudo antimisiles que cualquier observador racional podía ver que resultaría inútil. El 11 de setiembre puso bien en claro que ese «paraguas protector» no sirve en absoluto para evitar que mediante la amenaza con pequeños cuchillos sean secuestrados aviones comerciales para convertirlos en armas de destrucción masiva.

Aunque ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por los ataques del 11 de setiembre ni planteado demanda alguna, el presidente George W. Bush fue rápido en culpar a Afganistán. Afortunadamente se tomó tiempo para reunir a sus amigos, así como a viejos enemigos, lo que permitió que sus interlocutores le hablaran de esperar antes de abrir fuego y de moderar su lenguaje.

El ataque del 11 de setiembre fue un crimen que debería ser respondido con medios judiciales y no militares. Bajo la Carta de las Naciones Unidas y tratados como la Convención sobre Sabotaje (Montreal 1971), que es vinculante tanto para Estados Unidos como para Afganistán, las partes tienen la obligación legal de solucionar el conflicto sin recurrir a la violencia. El uso de la fuerza militar más allá de lo que fuera necesario para arrestar a los sospechosos será indudablemente peligroso y tendrá consecuencias imprevisibles.

Incluso si ha existido un acto de guerra sería un crimen matar a civiles en represalia. La pérdida de civiles estadounidenses no serviría de excusa para hacer tal cosa. De hecho, la ley internacional y la Carta de la ONU prohíben a todos los estados la utilización de la fuerza militar, excepto en casos de defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Dado que en este caso el ataque ya terminó, el uso de la fuerza militar requeriría ahora la autorización del Consejo de Seguridad.

La decisión del 12 de setiembre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de considerar el acto terrorista como un ataque a todos los estados miembro que permite el ejercicio del deber común de defensa está obviamente subordinada a la supremacía de la Carta de la ONU y del Consejo de Seguridad.

Las dos resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad respectivamente el 11 y el 28 de setiembre llaman a todos los estados a unirse en la lucha común contra el terrorismo y toman una serie de medidas que incluyen compartir las informaciones de inteligencia, la congelación de cuentas bancarias y bienes, etcétera. No hubo mención o autorización específica al uso de la fuerza y por lo tanto no hay derecho a emplearla.

El problema es que los dirigentes de Estados Unidos y de la OTAN tienen amplios antecedentes en cuanto a interpretar según sus propias conveniencias las resoluciones de la ONU y en esta oportunidad inmediatamente afirmaron que el uso de la fuerza en defensa propia había sido autorizado ahora por el Consejo de Seguridad. Las principales agencias de noticias informaron acerca de esta incorrecta posición.

Esto abre la posibilidad de numerosas situaciones de perspectivas funestas, particularmente si tenemos en mente la experiencia de Irak. Dado que la resolución original contra Irak no contempló una fecha límite ha resultado imposible, incluso después de 10 años, poner fin a las sanciones y a los bombardeos. Con una interpretación retorcida del derecho de veto, Estados Unidos ha bloqueado toda iniciativa de la ONU y de su Consejo de Seguridad para poner fin a las sanciones contra Irak, que han tenido efectos genocidas sobre la población civil.

Es ahora urgente que todos los miembros del Consejo de Seguridad pongan en claro que todo uso de fuerza militar necesita una nueva resolución del Consejo de Seguridad, con la expresa exclusión de armas nucleares y el establecimiento de un corto tiempo límite que requeriría ser renovado por el Consejo de Seguridad cada una o dos semanas. La perspectiva de Estados Unidos (en connivencia con todas las demás naciones que tienen un problema «terrorista») viéndose a sí mismo como poseedor de un amplio mandato para usar la fuerza, elegir los medios y disponer de tiempo ilimitado para combatir a un enemigo no especificado a través de todas las fronteras es, por cierto, una receta escalofriante para la instalación de un estado policial global.

¿Están las atrocidades del 11 de setiembre anunciando una nueva fase en la globalización económica, en la cual todas las personas, pobres y ricos, se dan cuenta de que vivimos en un solo y único mundo en el cual las masas desposeídas insistirán en recibir un trato justo?

Para las corporaciones transnacionales el mundo no tiene fronteras desde hace decenios. Quizás esta visión del mundo ha alcanzado ahora a las masas pobres, quienes también se dan cuenta de que el mundo es un único y global estado con apartheid en el cual ellas no tienen derechos. Después de Seattle, Washington, Praga, Gotemburgo y Génova, la rabia contra el orden económico mundial tuvo su punto más alto en el ataque del 11 de setiembre.

Personas que sufren tanto y que están tan desesperadas como para elegir el suicidio no pueden ser combatidas con más fuerza. Ellas necesitan esperanza. Después de profunda reflexión, Estados Unidos y el presidente Bush deberían darse cuenta de que la única guerra contra el terrorismo que pueden ganar es la guerra a la pobreza, la desigualdad y la falta de derechos humanos y de dignidad humana. *

 

(*) Fredrik S. Heffermehl, abogado noruego y dirigente del International Peace Bureau. Su último libro «Peace is Possible» será publicado en castellano próximamente. Exclusivo de IPS para LA REPUBLICA