Auditoría observó gastos en las obras del Edificio Mercosur

La Auditoría Interna de la Nación observó al Ministerio de Relaciones Exteriores por el desorden y los elevados gastos registrados en las obras del Edificio Mercosur, así como por irregularidades en el manejo económico de la Embajada de la República con sede en India.

La última auditoría, correspondiente al segundo semestre del año pasado, incluyó un arqueo del Fondo para la Promoción de Actividades Culturales en el Exterior y un análisis de las rendiciones de cuentas de la obra «Edificio Mercosur» y de las Embajadas de Uruguay en la India e Irán.

Tanto en el primer informe, emitido el 4 de enero de este año, como en un nuevo análisis concluido el 13 de febrero, los auditores recomiendan que las obras del Edificio Mercosur sean planificadas, «a fin de evitar gastos por trabajos que luego se dejan sin efecto.

Es necesario exigir a la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la presentación de las rendiciones de cuentas de la obra con los saldos pendientes, con el debido orden y cumplimiento de las formalidades fiscales correspondientes».

La Auditoría reclama una explicación por los «elevados montos en concepto de viáticos que fueron abonados al personal obrero» y advierte que la Cancillería deberá «continuar con el gestionamiento necesario para dotar a la administración relativa al Edificio Mercosur con recursos financieros para solventar su funcionamiento».

Respecto a las embajadas, los auditores encontraron irregularidades en la sede diplomática con sede en India, por lo que aspiran a que se cumpla con las disposiciones reglamentarias en materia de rendiciones de cuentas y que se evite «la reiteración de compras justificadas mediante comprobantes no oficiales».

Cuentas desprolijas

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) los auditores comprobaron una utilización confusa de los fondos correspondientes a diferentes rubros, cubriéndose pagos de determinadas deudas con recursos de otras áreas, por lo que se reclama que la situación sea regularizada. El informe de la Auditoría, realizado el 22 de setiembre del año pasado, aclara que el Departamento de Tesorería «no debe recibir dinero de los funcionarios para el pago de sus operaciones». Específicamente indica que en los primeros meses del año 2000 «se abonaron sueldos y jornales sin autorización escrita de la Contaduría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas y, por ende, sin que la Tesorería General de la Nación hubiera transferido los fondos correspondientes, utilizándose indebidamente los de terceros». Estos pagos con fondos correspondientes a otros rubros también se dan en determinadas obras donde los salarios son pagados «con asignaciones correspondients a otras», generando déficit en los lugares de donde se retiró el dinero. En ese sentido, se expresa la aspiración de que en el futuro «se evite que los déficit ocasionados por concepto de pago de retribuciones salariales de una determinada obra se cubran con asignaciones correspondientes a otras». Esta utilización fluctuante de los fondos también hace que «la información brindada por el programa Gestión de Obras no resulte confiable». Los auditores consideran que «se deberán implementar controles que permitan una buena administración de los recursos asignados a cada obra para obtener una información confiable y veraz».

Bienes y contratos

El Ministerio de Deporte y Juventud no pudo ser auditado porque fue creado el 29 de junio del año pasado y no había datos previos.

Sin embargo, se realizó una auditoría sobre el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y el Centro Médico Deportivo, dependientes de la cartera. Los auditores consideran que debe ejercerse un mayor control sobre los bienes del Ministerio, con inventarios que permitan «efectuar un adecuado control de los bienes patrimoniales».

En este caso, hubo observaciones para el sistema de contrataciones, ya que «el personal contratado bajo la modalidad de cachet, guardias médicas y contratos de verano prestan funciones ininterrumpidamente desde larga data, desvirtuándose con ello el concepto de contratación». Estos contratados no realizan aportes al Banco de Previsión Social (BPS), lo que «podría generar en el futuro una importante obligación con dicho organismo si no se revén estos procedimientos de contratación». *