El diputado encuentrista sostiene que el director de la OPP falta a su deber de informar

Contratos de obra y de servicios en 2000: Ibarra pidió informes

GERARDO AGOSTO

 

Ibarra remitió, en particular, un tercer pedido de informe a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) para indagar acerca de «los motivos» por los cuales esta empresa estatal «no habría» enviado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) «cierta información», relativa a los contratos celebrados por el organismo mediante la modalidad de arrendamiento de obra, o de servicios personales.

Antel había sido señalada por Davrieux como una dependencia del Estado que omitió su deber de informar a la OPP.

El pasado 13 de agosto, en respuesta a un anterior pedido de informes remitido por el Encuentro Progresista, el director de la OPP, el contador Ariel Davrieux, había escrito al Parlamento que Antel es uno de los organismos del Estado «que no han contestado» al ser «consultados» por su Oficina «respecto de los criterios de selección para adjudicación de contratos de obra y/o de servicios».

Davrieux daba respuesta así a un pedido de informes que le fuera presentado por la bancada encuentrista cuando visitó la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda.

«Davrieux está en falta»

En una entrevista concedida a LA REPUBLICA, Ibarra sostuvo en las últimas horas que el contador Davrieux «continúa estando en falta» respecto a las obligaciones que le confiere «el artículo 17 de la Ley 16.134 y el artículo 55 de la Ley 17.296″.

«Davrieux querrá excusarse en la supuesta escasez de tiempo transcurrido para tener un procesamiento completo de los datos», se adelanta Ibarra, «pero lo concreto es que está en falta ante una normativa vigente».

Ibarra señaló que el primer artículo citado establece que: «La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores para llenar sus cometidos, que se tramitarán por escrito por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva».

El segundo establece que: «El Poder Ejecutivo remitirá anualmente a la Asamblea General en ocasión de presentar la Rendición de Cuentas correspondiente, información detallada acerca de los montos y el número de contrataciones personales y consultorías imputadas al Rubro Inversiones, discriminadas por Programas y por Incisos, realizadas con cargo a toda fuente de financiamiento».

«Nombres» y «montos»

Los pedidos de informes remitidos por el diputado Ibarra a la Administración Central y las 19 intendencias municipales requieren revelar «número y nombre de los proyectos», a la vez que solicitan una «descripción de los mismos», y piden conocer las «contrataciones», las «fechas de los contratos», y los «períodos de contratación», así como indagan respecto a «montos asignados» y «montos pagados», y solicitan discriminar «origen de la financiación» respecto al «organismo de ejecución».

En los dos pedidos de informes, Ibarra solicitó conocer «las condiciones del llamado» que se hubiera realizado a los eventuales consultores a ser contratados y, en especial, solicitó detalle de los «requisitos de los llamados, número total de postulantes presentados, si los postulantes contratados habían tenido un contrato anteriormente, fechas, cantidad de veces en que los avisos aparecieron en la prensa y duplicado de los mismos», además de sugerir a los organismos el envío de «otros datos que se entiendan necesarios».

Dirigido a Antel, un tercer pedido de informe pide a texto expreso conocer «los motivos» por los que este organismo del Ministerio de Defensa Nacional «no habría» enviado «oportunamente» a la OPP los documentos relativos a los contratos de arrendamiento de obra y de servicios personales.

El compromiso de Batlle

El diputado de la Lista 1001 recordó que el presidente Batlle se había comprometido en público a reducir los gastos del Estado en materia de contratos de obra y servicios cuando trascendió, a mediados del año pasado, el gasto que había sido generado en 1999 durante el último año del gobierno Julio Sanguinetti.

Ibarra se preguntó luego si durante el año 2000 la conducta de Batlle habrá sido coherente con el compromiso asumido en forma pública.

«El trascendido del año pasado provocó inquietud en varios sectores políticos, excepto en el Foro Batllista que se mantuvo en silencio», señaló Ibarra.

«Lo que nos preocupa es saber si el gasto durante el primer año del gobierno Batlle se redujo o no respecto al gasto que se realizó en el último año del gobierno Sanguinetti». *

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje