Afutu denunció contratos de obra en el Codicen por U$S 4:

El presidente y la secretaria del gremio, Osvaldo Fernández e Ivonne Passada, emitieron ayer un comunicado donde señalan que los técnicos y asesores contratados «tienen clara vinculación familiar con autoridades de la educación o con otros organismos del Estado». En el comunicado, Afutu nombra expresamente cuatro contratos de obra, el importe de los mismos, y advierte que posee información «con los demás contratos de obra».

Los contratados son: el sociólogo Renato Opertti (hijo del canciller), la arquitecta Amparo Rama (sobrina del ex presidente del Codicen); la señora Inés Lacalle (hermana del ex presidente) y el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti (sobrino del ex presidente). Opertti percibió U$S 12.177 entre el 1º de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2000; U$S 22.538,52 entre el 1º de enero de 2001 y el 30 de junio de este año y percibirá U$S 30.051,36 hasta el 28 de febrero de 2002. Rama en tanto, percibió U$S 11.838,84 entre el 1º de enero de 2001 y el 30 de junio del corriente, y ganará otros U$S 15.783,20 hasta el 28 de febrero del año próximo. Lacalle, en tanto, percibirá U$S 20.147,4 por su servicio entre el 1º de julio del 2001 y el 1º de enero de 2002.

Sanguinetti, percibió U$S 6.394,77 entre el 1º de octubre y el 31 de octubre de 2000, U$S 5.594,04 entre el 1º de octubre y el 31 diciembre de 2000; U$S 11.834,84 entre el 1º de enero de 2001 y el 30 de junio de 2001 y percibirá U$S 9.863,12 entre el 1º de julio de 2001 al 30 de noviembre del corriente. El comunicado consigna también que un coordinador de proyectos Mesyfod llega a cobrar 52.539 dólares al año, equivalentes a 4.378 dólares por mes. El sindicato de UTU considera que estas sumas son excesivas en comparación con las «pésimas condiciones salariales y de trabajo» comunes al resto de los trabajadores, que tienen un promedio salarial de cinco mil pesos mensuales. A esto se suma que los pagos de los contratos de obra no aportan al Banco de Previsión Social (BPS) además que la tarea de los contratados puede ser realizada por personal de UTU y la Universidad de la República «sin necesidad de aumentar nuestra deuda externa ni dejar de aportar las leyes sociales que corresponden». Entre los contratos de obra figuran «más de treinta arquitectos, cerca de diez sociólogos y un sin fin de asesores que en muchos casos ni siquiera son docentes de aula».

Menini y la reforma educativa

La declaración de la Asociación de Funcionarios alcanza en sus críticas al ex edil Alfredo Menini, que fue asesor jurídico de UTU pese a no contar con el título habilitante. Menini, que enfrenta un juicio penal presentado por la Suprema Corte de Justicia, es criticado por los trabajadores porque «ni título habilitante tenía, pero ha afectado con sus informes a un número importante de funcionarios». Este hecho es tomado como base para manifestar la oposición a la reforma educativa, ya que demuestra que «los educadores no son los que estudian los currículos ni los proyectos de programas educativos.

Los que sustentan la reforma educativa no son las y los trabajadores de la educación que día a día concurren a clase con salarios de hambre, salones que se llueven, asignaturas sin programas, cursos sin perfiles de egreso o docentes que tienen veinte horas de clases repartidas en tres o más escuelas». La dirigencia gremial considera que la reforma educativa es sustentada por «las y los asesores que le hacen gastar a las y los uruguayos más de cuatro millones de dólares al año y las autoridades de la educación que en forma poco responsable avalan estas situaciones». Los contratos de obra a nivel del Codicen forman parte de los 1.301 contratos aprobados por el presidente Jorge Batlle para entes y servicios. El gobierno gastó el año pasado 28 millones de dólares para el pago de personas que ingresaron sin concurso. *