Batlle lleva gastados U$S 28: en contratos de obras y servicios

GERARDO AGOSTO

 

«Son casi 28 millones de dólares que corresponden únicamente a contratos en los entes y en los servicios; todavía no hemos podido conocer las contrataciones en los catorce ministerios y en la Presidencia», comentó una fuente parlamentaria a LA REPUBLICA .

Todos los contratos del año fueron suscriptos por la OPP, dependencia de la Presidencia de la República que representa al gobierno ante los organismos financieros internacionales.

«No tenemos siquiera una estimación del monto al que podría ascender el gasto una vez que podamos conocer los contratos celebrados en todos los demás ámbitos de la administración pública», agregó el informante, quien luego señaló: «sólo en la OPP», el número de profesionales «contratados» por convenios internacionales «duplica el número de profesionales» que están presupuestados como «funcionarios públicos».

Según las normas vigentes, la OPP interviene en la «fijación de topes máximos a las retribuciones», así como en la «definición de criterios uniformes aplicables en materia de contratación».

1.301 contratos en 2000

Documentos oficiales de la OPP obtenidos por LA REPUBLICA en medios parlamentarios revelan que hubo exactas 1.301 personas que durante el año 2000 tuvieron un contrato vigente de trabajo en entes y servicios por períodos que variaron de 15 días a 12 meses.

Las contrataciones implicaron gastos por 27 millones 446 mil 588 dólares con 97 centésimos.

Un 63% del gasto (U$S 17:305.910,36) correspondió a remuneraciones personales, en tanto que el resto fue destinado al funcionamiento del proyecto a ejecutar.

Sólo 571 personas tuvieron contrato por primera vez; los demás fueron renovaciones. Para el 30 de junio de 2000, había 871 personas con un contrato vigente.

De acuerdo a la documentación, las contrataciones habrían implicado para el Estado un costo fiscal de 24 millones 91 mil 341 dólares. Sólo U$S 3:555.247 habrían sido «con cargo a donanciones de organismos internacionales, cooperación técnica de países amigos e instituciones privadas», según destacaron quienes suministraron los documentos.

Un presidente comprometido

El presidente Jorge Batlle se había comprometido ante la opinión pública a reducir los gastos del Estado en contratos de arrendamiento de obras y servicios personales cuando, a mediados de 2000, tomaron estado público los gastos que derivaron de las contrataciones que había sido dispuestas por el gobierno de Julio María Sanguinetti durante el año electoral de 1999.

En el último año del gobierno Sanguinetti, la OPP tuvo contratos vigentes para 1.675 personas, también por períodos que variaron entre 15 días y 12 meses. 621 personas obtuvieron ese año un contrato por vez primera.

La existencia de los contratos de 1999, y los montos de las remuneraciones, tomaron trascendencia pública a mediados del año pasado, y generaron una vasta polémica política que prologó el compromiso público asumido por el primer mandatario.

Las contrataciones de 1999 implicaron pagos por 32 millones 557 mil 409 dólares, según se informó en su momento

El 86,6% (U$S 28:097.268) de los pagos corrieron por cuenta de «un costo fiscal para los organismos del Presupuesto Nacional, las empresas públicas y las intendencias municipales».

Sólo 4 millones 341 mil 335 dólares corresponderían a «donaciones» y «cooperaciones», según advirtieron las fuentes consultadas.

Casi 35 millones por año

El gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-1999) destinó casi 175 millones de dólares a contratos, a un promedio de casi 35 millones de dólares por año. U$S 122 millones habrían sido financiados por convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). U$S 89:745.266 habrían implicado un costo fiscal para el Estado.

De los 7.249 contratos de arrendamiento de obra celebrados en los últimos diez años, unos cuatro mil fueron objeto de observaciones por parte de los ministros del Tribunal de Cuentas de la República, quienes advirtieron diversas irregularidades.

En contrapartida al abultado número de contratos, el gobierno de Sanguinetti redujo en 1999 un 8% los gastos de funcionamiento y un 15% los gastos de inversión en el Estado. Al mismo tiempo, miles de funcionarios públicos fueron declarados excedentarios.

«Mientras tanto, comentó una de las fuentes consultadas por LA REPUBLICA, «los ajustes salariales decretados en el 2000 y en 2001 para los funcionarios públicos apenas si alcanzaron la mitad de lo necesario para recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada en el mismo período.

Ajustes a prueba de inflación

Documentos oficiales obtenidos por LA REPUBLICA revelan que las personas beneficiadas en el 2000 con los contratos celebrados por la OPP, ya en el primer año del gobierno Batlle, recibieron ajustes salariales muy por encima de la inflación.

En algunos casos, los ajustes salariales llegaron a ser de un 300 por ciento, entre un período de contratación y el siguiente.

En otros casos, los ajustes fueron superiores a un 200 por ciento.

Los ajustes más llamativos se registraron en un rubro llamado «Apoyo a la reforma de la administración pública».

En varios casos, los contratos se mantienen plenamente vigentes, algunos inclusive hasta 2004, según consta en los documentos.

Entre los casos más notorios se encuentra Angela Tempone que tuvo un salario que pasó de los seis mil pesos a los 18 mil: recibió un ajuste del 300%. Otro caso es el de Carlos Brussa y el de Daniel González Mederos que fueron beneficiados con salarios que pasaron de los cinco mil a los 16 mil pesos: tuvieron un ajuste del 220%.

María Lourdes Bornia recibió un contrato por nueve mil y luego otro por 22 mil pesos: el ajuste fue de un 144,4%. Alba Rita Varella Gallo obtuvo un ajuste del 140%: en un primer período de contratación cobró cinco mil pesos; en un segundo período doce mil.

De un 123,3% fue el ajuste que benefició a Cristina Quero, quien fue contratada por diez mil 300 y luego por 23 mil pesos.

De un 103,1% fue el ajuste que se concedió a Laura Tabarez, quien de un sueldo de seis mil 500 pasó a cobra uno de 13 mil 200 pesos.

Un ajuste salarial de un exacto 100% recibieron Rosario Balparda, Noelia D´Ascenzi Moreira y María Virgina Ferreira. El salario de Balparda pasó de diez mil 500 a 21 mil pesos: los sueldos de D´Ascenzi y Ferreira pasaron de seis mil 500 a trece mil pesos.

No menores a la inflación fueron los reajustes que beneficiaron a Susana Brum Balparda y Beatriz Pereira (68,9% y 49,6%), que tuvieron salarios de tres mil 552,5 y de 26 mil 318 que pasaron a seis mil (Brum) y 39 mil 385 pesos (en el caso de Pereyra).

Salarios a prueba de carestía

Muchos de los particulares que obtuvieron contratos del gobierno durante el año 2000 fueron beneficiados con remuneraciones personales que podrían ser consideradas como altas, e incluso como muy altas.

De acuerdo a la documentación oficial obtenida por LA REPUBLICA, el gobierno Batlle firmó en 2000 contratos por montos, que en algunos casos, se aproximaron a los 500 mil pesos.

El economista Adolfo Díaz Solsona, por ejemplo, percibió 474 mil 500 pesos para trabajar en el Banco Central del Uruguay (BCU) como «consultor nacional en diseño e implementación de productos financieros».

El doctor Gualberto Trelles Merino cobró, por su lado, 120 mil pesos como contratado en Pluna para intervenir en «negociaciones por crisis económicas», según consta textualmente en los documentos.

Otros exactos 100 mil pesos fueron destinados al ingeniero en aeronáutica
Humberto Coccaro, contratado también en Pluna para brindar «asesoramiento en costos de mantenimiento de equipos, etc».

La licenciada en relaciones internacionales Dolores Marizcurrena fue contratada por el BCU para cumplir funciones en la «difusión de información sobre política monetaria e interrelación con medios de comunicación»: se le asignaron 35 mil pesos.

Otros 25 mil pesos fueron destinados al señor Ricardo Figueroa, (también contratado por el BCU pero en el marco del «Programa BID ATN/MT»), para actuar en «apoyo al desarrollo del mercado de capitales».

También en el BCU fue contratado por 24 mil pesos el señor Uruguay Larre Borges García como «consultor informático en siniestralidad de vehículos automotores, seguros y reaseguros, y confección de un manual de operaciones».

Igual monto (24 mil pesos), recibió el ingeniero Juan Berta Schweizer en la Administración Nacional de Puertos (ANP) para intervenir en la «construcción de una Terminal Polivalente en el Muelle C del Puerto de Montevideo de acuerdo al Plan Maestro».

Casi otros 24 mil pesos (exactos 23 mil 650 pesos) fueron destinados en un primer período al ingeniero químico Carlos María Garat para elaborar el «diseño de un marco normativo para almacenaje de productos peligrosos». Para un segundo período de contratación, de seis meses igual que el anterior, Garat recibió 19 mil 228 pesos por mes.

Por su parte, en la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) fue contratado por 17 mil 451 pesos el ingeniero Julio César Granato para actuar en la «confección de pliegos tarifarios del Proyecto Línea Forestal».

Las distintas contrataciones fueron por períodos que variaron de los 85 días a los seis meses. En ciertos casos, los contratos fueron renovados por otro semestre. *