Batlle avala el nuevo CPP

A pedido de Batlle, el Encuentro Progresista elaboró un documento que establece la reforma del CPP. El tema fue analizado el 17 de enero de este año por el nuevo mandatario y el presidente del EP, Tabaré Vázquez, quienes se pusieron de acuerdo en impulsar las modificaciones al Proceso Penal.

Batlle encargó el análisis del texto al prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, a su asesor Carlos Ramela Regules, y al senador Alejandro Atchugarry.

Según fuentes coloradas, el documento cuenta con el respaldo de los asesores del primer mandatario, y en principio no se introducirían modificaciones. No obstante, Atchugarry, Costa y Ramela se reunirán el lunes para intercambiar opiniones sobre el texto. En tanto Batlle no presentará ninguna objeción ya que respaldará la decisión de sus asesores.

Luego de este encuentro, se propiciará una reunión con el asesor jurídico del presidente del EP, el penalista Gonzalo Fernández, para analizar la forma en que se impulsará el proyecto. En tanto el texto aún no fue presentado ni al Foro Batllista ni al Partido Nacional.

El documento elaborado por Fernández, y del que también participaron los diputados Jorge Orrico y Daniel Díaz Maynard, consta de 28 artículos.

El primer artículo establece la derogación de las leyes 16.893 de 1997 y la Ley 17.221 de 1999. La primera sancionó el CPP –redactado por el fiscal de corte y procurador general de la nación, Oscar Peri Valdez y el penalista Amadeo Ottati– a instancias del entonces presidente, Julio María Sanguinetti, y la segunda le introdujo algunas modificaciones para intentar su entrada en vigencia.

El segundo artículo plantea la creación de una Comisión Especial para analizar con participación de todos los actores la reforma del Proceso Penal a escala legislativa.

Además, el proyecto introduce una serie de reformas puntuales al Proceso Penal con el objetivo de dotarlo de mayor celeridad y eficacia. No requiere, para su puesta en práctica, recursos adicionales y utiliza la infraestructura edilicia ya existente de sedes penales.

El proyecto plantea la eliminación del carácter reservado del presumario; crea un «doble juez», de instrucción y de sentencia para dar mayores garantías al justiciable. Además elimina uno de los cuatro períodos de prueba (el de la ampliación sumarial) y establece el carácter perentorio de algunos plazos: por ejemplo, en el presumario se establece un plazo máximo de dos años, al cabo del cual hay que adoptar resolución.

El CPP fue sancionado en diciembre de 1997 prácticamente a tapas cerradas por las dos Cámaras del Parlamento. Su vigencia fue postergada a fines de 1999 hasta el 1º de febrero de 2001, pero el impedimento legal de aprobar recursos presupuestales en el año electoral determinó el nuevo aplazamiento.