Crean "comité de seguridad" en la Embajada en Argentina

La medida adoptada a principios de año en la embajada en Argentina ha provocado profundo malestar entre los funcionarios que se sienten perseguidos por un organismo único en las representaciones diplomáticas de nuestro país.

Según fuentes de la embajada a las que accedió LA REPUBLICA, el comité de seguridad no atiende a cuestiones externas de seguridad, sino que por el contrario es para vigilar al propio cuerpo de funcionarios, y ocasionalmente, lo que sucede en los pisos superiores del edificio, que fueron cedidos a particulares en una licitación años atrás. La medida se inscribe en otros actos de persecución y de manejo discrecional de la embajada.

Lupinacci, que en breve accederá a la representación diplomática ante el Vaticano, fue duramente cuestionado por su participación en la redacción de un memoradum en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1976 en que se juzgaban los pro y contras de entregar con vida a la maestra Elena Quinteros, secuestrada por militares en el patio de la embajada venezolana en Montevideo, donde estaba exilada.

Lupinacci ocupaba entonces un alto cargo en Cancillería, y sería el autor, según una investigación administrativa realizada después de la reinserción democrática, del análisis que decidió la suerte de Elena Quinteros. Su venia, como embajador en Buenos Aires, fue rechazada por el Encuentro Progresista cuando se votó en el Senado. La vigilancia interna contrasta con las medidas de seguridad adoptadas en el exterior de la sede.

Lupinacci no ha solicitado custodia para la embajada ni el consulado, sino exclusivamente para su residencia, pese a que en el consulado se mueven gruesas sumas de dinero.

Ese comité está presidido por el ministro consejero, Andrés Gil, Arisbel Arocha y José Pedro Buda. Este último es quien lleva la voz cantante en el organismo, y en ocasiones se le ha escuchado decir, «el que manda soy yo». En una decisión en la que algunos consideran excede a sus atribuciones, Buda ha resuelto investigar la licitación y el contrato de tercerización de varios pisos de la sede diplomática, contrato firmado por el entonces presidente Julio María Sanguinetti y el vicepresidente Hugo Batalla.

Cuentas en rojo

Además de este sistema de espionaje interno, las fuentes diplomáticas confiaron a LA REPUBLICA que las cuentas de la embajada están en «rojo» en los últimos tiempos, producto del manejo discrecional de sus finanzas y la contratación de nuevo personal.

El embajador Lupinacci, contrató, con un sueldo superior al de muchos funcionarios con más de 10 años de antigüedad en la sede diplomática, a un ciudadano argentino, hijo del ex embajador argentino en Uruguay durante la dictadura, Guillermo De la Plaza.

Coincidentemente, Lupinacci era entonces jerarca de cancillería cuando De La Plaza estaba en Montevideo.

Además, se denuncia el despido de un funcionario y su pronta reincorporación, por lo que la embajada le paga el despido y lo vuelve a contratar en una medida que pocos se explican.

Finalmente, las fuentes afirmaron que el embajador traslada los gastos de su residencia a la embajada, desde arreglos de construcción hasta los artículos de limpieza de uso cotidiano.

Otra de las irregularidades que contradicen los anuncios de austeridad de la nueva administración, es que mientras el consulado apenas tiene siete funcionarios en sus mejores momentos, uno de los ministros consejeros tiene a su disposición cuatro secretarias.