Balcaldi absolvió a Milka Barbato

El juez en lo Penal José Balcaldi Tesauro decretó el archivo del caso en el que se investigaba una denuncia por el delito de estafa contra los directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Inversores argentinos habían acusado a la ex presidenta de ese organismo, Milka Barbato, de idear una maniobra para engañarlos con la venta de un costoso terreno que no servía para la finalidad promocionada. La actual diputada del Foro Batllista ha quedado exonerada de toda responsabilidad penal.

La denuncia había sido presentada por parte del inversor argentino Carlos Murias. La querella surgió a consecuencia de la venta de un inmueble por parte de la CND promocionado con la finalidad de construir un «barrio country», cuando realmente el mismo no estaba habilitado para ese fin por la División Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo.

Tras varios meses de interrogatorios y careos entre las partes, la fiscal envió el pedido de archivo al magistrado por entender que carecía de elementos de prueba suficientes como para conducir el rumbo de la investigación en otro sentido.

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que en las próximas horas el Juzgado procederá a notificar de la resolución a las partes involucradas.

La diputada electa por el Foro Batllista y ex presidenta de la CND, Milka Barbato, fue hacia quien enfocó la denuncia el inversor argentino. Murias sostuvo en su demanda que fue «la ideóloga y gestora» de la presunta estafa.

Durante todo el proceso, el juez Balcaldi actuó con total celeridad para poder culminar con la etapa de instrucción en el menor tiempo posible. El pasado 22 de diciembre comparecieron en la sede de la calle Misiones Barbato y Murias, quienes fueron sometidos a careo en presencia del magistrado y la representante del Ministerio Público. Paralelamente a la denuncia penal, la defensa de Murias presentó también otra denuncia en la órbita civil en la que reclama una reparación del daño por un total de cinco millones de dólares.

Dicha denuncia se produce como consecuencia de la compra por parte de Murias, en representación de un grupo inversor de Argentina, de un predio en la zona de Melilla, con el fin de construir allí un «barrio jardín». Dicha venta se realizó sin haber sido advertido que la IMM no autoriza la construcción de este tipo de viviendas en esa zona.

El predio pertenecía a un particular, José Ortiz de Taranco, quien también fue denunciado por el inversor, aunque la promoción de la venta del mismo estuvo a cargo de la CND.

El terreno fue vendido en 1,4 millones de dólares cuando su precio real no superaría los 300 mil dólares. El grupo argentino compró el predio el 11 de junio de 1997 y luego de abonar la mitad de lo pactado, decidieron ante los problemas para construir, suspender el pago de la deuda. La intención del grupo argentino era construir un «barrio jardín» con unas 500 viviendas con canchas deportivas y una marina al río Santa Lucía.