Moll Grolero acusa a jueza y fiscal de violar sus derechos individuales

En la misiva, a la que accedió LA REPUBLICA, Moll Grolero indica, entre otros puntos, que se le ha negado, en oportunidad de presentar su defensa, dieciséis meses después de iniciado el sumario: «La citación de testigos vitales a ser interrogados por mi abogado defensor así como prueba documental producida por la Justicia de Estados Unidos y también la anexión de un presumario que se tramita bajo la carátula `Presunto tráfico de influencias´ relacionado con mi caso».

Otros puntos señalan: «La prueba documental presentada por la defensa, luego de la acusación fiscal, presenta indicios de delitos cometidos por los denunciantes, muchos más graves que los que se me imputan, habiendo sido ignorados por el Ministerio Público y el magistrado actuante en violación del Art. 177 del C.P.P.». «Se ignoraron las actuaciones de la Comisión Investigadora del Parlamento que corroboran lo expuesto en el ítem 4″; «se excedieron en seis meses los plazos procesales para elevar las apelaciones pertinentes, tal cual lo destaca en su resolución el Tribunal de Apelaciones», y «se violaron las normas del Código General del Proceso en el auto de procesamiento, según Arts. 24 y 25, por extralimitación de la Jurisdicción Penal en lo Civil, siendo esto revocado por el Tribunal de Apelaciones».

Continúa la carta destacando: «Se violaron los derechos constitucionales de libre expresión al negarme en reiteradas oportunidades a testimoniar voluntariamente a los representantes de la Justicia de Estados Unidos que se encontraban en nuestro país, según se documentó con escribano público y sólo se permitió dicha declaración cuando los representantes legales de los denunciantes se retiraron del país, contribuyendo este acto a la anulación de estas actuaciones en la Corte de Seattle (USA)». Se permitió que durante la instrucción del presumario llegara a manos de los denunciantes y de la prensa «información que debía ser secreta» y que en el acto de procesamiento la jueza afirma que ….»no prestó prueba convincente de ser el propietario de la empresa…», «siendo que quien debe probar tal extremo es el Ministerio Público, violando nuevamente nuestra ley Penal y el Tratado de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos».

Se agrega que en el auto de procesamiento dictado por la sede penal actuante al igual que por el Ministerio Público se afirma que los títulos acreditantes de la empresa Naifen S.A. estaban conformados por un solo título, basado exclusivamente en declaraciones de los denunciantes. «Esto se contradice con la prueba documental presentada por mi defensa, actas de asambleas de accionistas, declaraciones del contador actuante, donde queda claro que los títulos son quince. dicha falsedad fue elevada por escrito a la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de la revista de cárceles efectuadas por los señores ministros de la misma».

Prosigue Moll Grolero en la carta: «Se hizo referencia por parte del Juzgado a que impedí el ingreso al buque de los denunciantes.

En esa fecha me encontraba navegando junto a uno de los norteamericanos, testigo de los denunciantes, esperando en la zona de pesca, y los denunciantes se encontraban fuera del país»; «se aceptaron como válidas las declaraciones de un testigo presentado por los denunciantes en clara violación al Código General del Proceso, ya que tenía contratos firmado con los mismos por U$S 8.000 (dólares americanos ocho mil) de remuneración mensual». Los últimos dos puntos de la carta expresan que se aceptan como válidos contratos no firmados por ninguna de las partes y se desconoce aquel que sí estaba firmado: «Se omite la afirmación realizada por el señor Timothy Kennedy en las Cortes de Estados Unidos sobre la honestidad de la Justicia penal uruguaya. Este documento conocido como `Cronología de Eventos´ fue incorporado al expediente sin que ello afectara la sensibilidad de los magistrados actuantes».

Grave daño al país

Moll Grolero afirma que la lista de hechos irregulares podría ser más extensa y que en todas las etapas de este proceso que lleva casi cuatro años «todas las acciones y decisiones de los magistrados, no sabemos si por error u omisión, han beneficiado a una de las partes para el logro de un objetivo económico que, de haberse alcanzado, hubiera significado un grave daño institucional y económico a nuestro país».

«Con esto me refiero a que la utilización de un asunto netamente civil comercial se prestó a los denunciantes con la colaboración consciente o inconsciente de los letrados intervinientes a transformarlo en un asunto penal, con la finalidad de cobrar un seguro por un monto varias veces millonario en dólares, diez veces superior al valor del buque en cuestión». Moll Grolero se refiere al «grave daño institucional y económico» que habría sufrido el Uruguay si lo anterior hubiera prosperado en las Cortes de Estados Unidos. «Téngase en consideración que el seguro que se reclamaba incluía `riesgo de guerra´, el mismo que se aplica a los países totalitarios donde no existen garantías constitucionales y jurídicas o aquellos países en conflictos, en guerra o con guerrilla dentro de su territorio». *