Moll en Cárcel Central

El Poder Ejecutivo descomprimió rápidamente ayer el clima de tensión por el planteo institucional de la Suprema Corte de Justicia sobre la entrega inmediata de Moll. Sobre las 15 horas el Hospital Militar otorgó el alta médica al oficial retirado y habilitó el procedimiento del Juzgado Penal a cargo de María del Rosario Berro.

A las 15.30 horas, Gutiérrez se presentó en el nosocomio militar para cumplir con los trámites de rigor previo al procesamiento del contralmirante. Minutos después Eladio Moll quedaba notificado formalmente del auto de procesamiento con prisión, por hallarlo la jueza pasible de haber cometido un delito de estafa en la persona de los empresarios norteamericanos Timothy Kennedy y Francis Miller.

Sobre las 16 horas una dotación del Departamento de Vigilancia de la Jefatura de Montevideo trasladó a Moll desde el Hospital Militar hasta Cárcel Central, donde quedó recluido al igual que su hijo Ricardo. Sobre la medianoche de ayer, Policía Técnica elaboraba la ficha del militar procesado por la Justicia civil junto al resto de los presos.

Odisea

La decisión de la SCJ –adelantada ayer por LA REPUBLICA y confirmada en la tarde por el ministro de Defensa Luis Brezzo– de intimar al Poder Ejecutivo a facilitar la entrega del oficial retirado puso fin a un incidente inédito para la Justicia uruguaya. Durante 12 días un alto oficial de la Armada evitó sistemáticamente las citaciones judiciales para comparecer a la audiencia donde debía notificársele su auto de prisión.

Los días de tensión se extendieron durante toda la semana pasada y lo que va de ésta. Cada mañana, al llegar a su despacho, la jueza se encontraba con un certificado médico presentado por el abogado de Moll.

El jueves 9, cuando Berro envió a la fuerza policial al domicilio de Moll se encontró con que el militar se había internado en el Hospital Militar. Un informe de los médicos del Hospital de las Fuerzas Armadas dio cuenta de los problemas de hipertensión arterial del indagado que, sin embargo, seguía sin comparecer.

Ante este nuevo obstáculo la jueza optó por concurrir con su actuario hasta el hospital. Allí dialogó con los facultativos que no le dieron una descripción determinante del estado de salud de Moll. La jueza quedó nuevamente en la encrucijada: Moll reticente a salir del nosocomio, la Policía que no daba cumplimiento a la orden de arresto y los informes médicos poco claros.

En esa circunstancia Berro decidió tomar todas las precauciones, y ordenó a los médicos a cargo practicar un examen cardiológico para determinar qué riesgo de accidente corre Moll. Si el examen no arroja resultados alarmantes y está dentro de los parámetros de normalidad, la jueza ordenaría a la Policía trasladarlo hasta el Juzgado bajo su responsabilidad.

Ese día la magistrada pretendió dejar una guardia policial permanente junto a la habitación donde permancía el contralmirante. Las autoridades del hospital le indicaron que se trataba de una unidad militar y que no permitirían tal intromisión. «Si quiere que hagan guardia, afuera», dijo una autoridad del nosocomio según la misma fuente.

Todos estos intentos sin éxito llevaron a la jueza hasta la propia SCJ que finalmente decidió intimar al Ejecutivo a cumplir con la medida.

Procesamiento

En el Juzgado Penal de 1er Turno los nuevos elementos surgidos en la prensa no fueron incorporados al expediente. Asimismo, la fuente sostuvo que el auto de procesamiento para enjuiciar a Moll por el delito de estafa «no se cambia». «Eventualmente podrá apelarse, pero eso es otra historia», añadió la fuente.

Eladio Moll y su hijo fueron denunciados por los empresarios estadounidenses Timothy Kennedy y Francis Miller. Ambos inversores acusaron de los delitos de estafa y apropiación indebida a los Moll.

En su denuncia sostuvieron que fueron convencidos por el oficial de la Armada y su hijo de invertir en Uruguay. La inversión se realizó y, según los empresarios, los Moll luego se «apropiaron» indebidamente de las remesas de dinero que giraron para implementar la pesca de la especie «cangrejo rojo».

Los empresarios sostuvieron que Moll Grolero se quedó con el dinero, las acciones de la empresa Naifen SA y el buque Sofía Star, comprado para pescar esa especie. Estos inversores sostienen que el dinero enviado para la instrumentación del negocio lo depositaron en las cuentas bancarias de Eladio Moll.

El buque se encontraba asegurado en 3,5 millones de dólares, según los denunciantes, y estimaron que el daño económico de la maniobra de los Moll se estima en 7.380.000 dólares.

Kennedy y Miller presentaron documentación que incluía un fax que Moll Grolero le envió a Kennedy el 17 de enero de 1996 comprometiendo el apoyo de su padre y de influyentes políticos uruguayos a la iniciativa empresarial.

Durante la investigación la Justicia solicitó el levantamiento del secreto bancario en las cuentas uruguayas de los Moll y recibió información de Estados Unidos sobre el movimiento de cuentas radicadas en ese país. El tema también fue tratado en el Senado de Estados Unidos y un senador republicano propuso incluso suspender la asistencia financiera a Uruguay.