Lo que Pazos ocultó a Giani

la republica tiene en su poder el documento reservado e identificado al oficial que fue elegido para redactarlo, y pone hoy en conocimiento de la opinión pública los aspectos sustanciales del documento. No revelará por el momento los nombres de los presuntos implicados a la espera de que las autoridades, que ya están en conocimiento de estos graves hechos, adopten las medidas del caso.

Los hechos

El Teniente de navío de reserva, Víctor González Mernies, quien el 12 de julio pasado acabó con su vida en una unidad militar, era una pieza clave en la operativa.

Su ingreso al Servicio de Material y Armamento de la Armada ocurrió en 1993, a pedido expreso del entonces jefe del Servicio, capitán de navío Luis Azanza.

Para este nombramiento, intercedió al coronel del Ejército Mernies, quien actualmente se desempeña en el Servicio de Material y Armamento del Comando General del Ejército.

En 1998 asumió como jefe del Servicio de Armamento de la Armada el capitán de navío Ruben Romanelli. En enero de 2001 asumió como segundo jefe el capitán de fragata Gonzalo Cuñarro.

El teniente de navío Víctor González llega a ocupar la Jefatura del Departamento Técnico. El mismo oficial ocupa, al mismo tiempo, la jefatura del Departamento de Abastecimiento.

Las funciones de estos dos departamentos eran, por un lado, el control de los depósitos de armas y municiones, y por el otro, el análisis de los sistemas, la compra y reparación de las armas. Es decir, señala el informe, que «no se estaba respetando el principio de contraposición de intereses, dado que la misma persona era quien controlaba ambos departamentos, y, para colmo, era un reservista». (Ver cuadro sobre la presencia de reservistas en la Armada).

En 1997 se adquirió un equipamiento completo de recarga de munición, bajo la comandancia del capitán de fragata Young. Tras una inspección, se constató un faltante de varias cajas con piezas: de un total de dieciocho, cuatro estaban en poder del señor HMC, de «reconocida militancia ultrafascista, hijo de un oficial superior de la Armada argentina, actualmente en retiro».

El ministro de Defensa Luis Brezzo restó trascendencia ayer al hecho de que un civil reciba miles de proyectiles para «modificar la calidad de la pólvora». El material de la Armada era utilizado en forma particular, para la recarga de munición de un club de tiro y de conocidos tiradores nacionales. «Esta maniobra de recarga y venta de munición se realizó con la coparticipación del teniente V G», aclara el informe.

El actual jefe del Servicio, el capitán Romanelli, solicitó por escrito, a la Dirección de Personal, el alta como civil contratado de HMC, justificando el hecho por los «excepcionales conocimientos que éste poseía en materia de explosivos».

Cuando se ordena preparar el material para la Misión de Paz de la Armada en el Congo, a principios de este año, el teniente de navío González es nombrado encargado de la tarea, utilizando su propio vehículo jeep para realizar varios traslados, los días que estaba de guardia en horas de la madrugada. Según el informe, se comprobó que este reservista «retiró» del depósito «1.000 proyectiles 9 mm, 8.000 calibre 7.62 y 9.000 calibre 30, 7 pistolas 9 mm, 4 fusiles M16, 2 subametralladoras AK-47, 23 caños de fusil Springfield, repuestos varios de fusiles M1 y 23 bayonetas M1″.

La situación es registrada por el encargado del depósito, el marinero Dos Santos (alias «el Choclo»). El informe asegura que el material «fue entregado a HMC» y a un alto jerarca del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

«También adquirió parte del material» un conocido empresario constructor, un diputado del Partido Colorado y otro empresario, «siendo importante destacar -dice el informe- que el reservista Víctor González era empleado» de la firma de este último empresario.

Nuevas irregularidades

En el año 2000 se había constatado un faltante de 2.000 proyectiles calibre 7.62, pero el hecho nunca fue denunciado. En abril de este año, comenzaron a detectarse nuevas irregularidades con el consumo de munición. También se echan a rodar «trascendidos» de que un teniente de la reserva, que presta servicios en la Dirección de Personal de la Armada, «ofrece para la venta, munición de guerra a civiles».

El 9 de julio de 2001, el teniente de navío Gastón Jaunsolo, que presta servicios en la Escuela Naval, le informó telefónicamente al capitán Cuñarro, que el ahora reservista naval HMC, «estaba ofreciendo munición 7.62 a razón de 150 dólares los 1.000 proyectiles, perteneciente al lote de munición sudafricana con estopin Berdram». De acuerdo con el informe castrense, «actuaba como intermediario de esta venta un veterinario, con la anuencia expresa» de un alto jerarca del Ministerio de Defensa Nacional.

El martes 10 de julio se realiza un inventario general en el Servicio de Armamento, designándose a cargo al suboficial Ferré. El oficial comprobó que se habían «dado de baja» 7.000 proyectiles en el mes de febrero de 2001. También se comprobó que un civil, perteneciente al Servicio de Armamento, y un ingeniero químico habrían recibido «presiones» para que dejaran constancia de que esa munición estaba en «mal estado». Sobre esto último, el ingeniero químico declaró que no era cierto.

El subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Alberto Yavarone, afirmó en el Senado que la munición estaba en mal estado. Una fuente militar consultada dijo que «la munición, que siempre es comprada a proveedores extranjeros, es revisada por los fabricantes. Si éstos detectan un lote en mal estado, lo comunican. Eso rarísimamente se da, porque la munición de pequeño calibre (fusiles, metralletas o pistolas) es prácticamente imperecedera. Todavía hay proyectiles Mauser del año 1910. Con la munición, los proveedores hacen lo mismo que los laboratorios cuando detectan una falla en un medicamento: avisan para que los stocks se devuelvan o se destruyan».

En enero de 2001 apareció en las cercanías de La Paloma, abandonada en la playa, una caja de explosivos de origen argentino. El entonces comandante en jefe vicealmirante Francisco Pazos ordenó personalmente su destrucción, para lo cual designó como encargado al reservista Víctor González. El informe señala que el oficial «retuvo» para sí 4 quilos de explosivo plástico, Trotil y detonadores que, posteriormente al suicidio, parte de ello fue hallado en su ropero».

Según el informe «un miércoles 11 de julio de 2001 (un día antes del suicidio), se organizó en el Servicio de Armamento de la Armada un asado de camaradería, con la presencia (del alto jerarca del Ministerio de Defensa) y algunos conocidos adquirentes y fanáticos de armas portátiles. En la oportunidad, el jerarca ministerial se manifestó «muy disgustado por la persecución ideológica que se hacía al teniente de reserva Víctor González, de quien se manifestó muy amigo».

Ese mismo día, y en atención a una sugerencia del citado jerarca de Defensa, se designa al capitán de corbeta Busta como oficial investigador de los hechos.

Pruebas abrumadoras

Las pruebas en contra de Víctor González son tan abrumadoras, al comprobarse el faltante de cantidades importantes de armas y municiones, que luego de informar al Ministerio de Defensa, se nombró un juez sumariante –el teniente de navío Felicci– para que se diera intervención a la Justicia. Felicci dispone el arresto a rigor e incomunicación del reservista.

El jueves 12 de julio se hace un arqueo de caja, comprobándose el faltante de 6 mil pesos y de recibos que estarían en poder del teniente González.

El arq
ueo debía estar a cargo del alférez de fragata Rivas, un oficial de administración involucrado en el año 2000 en un faltante de 10 mil dólares de la Fragata Artigas, durante el comando del capitán de fragata Roberto Brucce. Este hecho nunca fue denunciado y según el informe «fue ocultado por orden del comandante de la Flota».

Al respecto, el ministro Brezzo dijo ayer que el caso ya fue resuelto y que tras la investigación administrativa «no se encontró una situación de delito y se sancionaron a los responsables». La fuente militar consultada señaló que el ministro «no aclaró si el ladrón fue sometido a un juez civil, si fue sometido a un Tribunal de Honor, ni dónde están o en qué se gastaron los diez mil dólares y por qué el alférez Rivas está en actividad».

El suicidio

Para realizar el arqueo, el capitán Romanelli designó al capitán Cuñarro. Después, junto al alférez Rivas y en presencia del teniente Víctor González, abren al ropero donde supuestamente estaba el dinero faltante. Mientras se controlaban distintas boletas y dinero, le informan al capitán Cuñarro, que el comandante de la unidad, el capitán Romanelli lo llama por teléfono. Este concurre a atender la llamada, y ese momento de descuido, es aprovechado por el reservista, se suicida con una pistola Taurus 9 mm, empleando su mano derecha (era zurdo), apoyándose el arma sobre el ojo derecho.

Se convoca de inmediato a una unidad de emergencia móvil, y se informa al juez militar de turno, coronel de Ejército D’Oliveira, quien dispuso mandar el cuerpo al Hospital Militar. El Comando General de la Armada dispuso entonces que no se le rindan honores militares en su entierro. El viernes 13 de julio se comprueba el faltante de 11 mil proyectiles del año 2000, con una ficha firmada por Víctor González, indicándose en la misma que la diferencia se debía a un «reajuste de consumo interno». Posteriormente, se realizan «visitas» a distintos domicilios particulares y a un polígono de tiro particular requisándose varios lotes de munición. *