Tribunal anuló condena a edil colorado acusado por difamación al FA

Durante la pasada campaña electoral, Silva había acusado a los militantes del comité de base frenteamplista de esa localidad de romper los focos de luz para que Toledo luciera a oscuras, lo que motivó que los involucrados presentaran una denuncia penal. Los denunciantes asistieron a una primera audiencia el pasado 12 de marzo.

En esa oportunidad, el edil titular admitió que había formulado tales acusaciones contra los militantes de izquierda y se propusieron diversos medios a fin de tentar la conciliación entre las partes, lo que no se logró.

La fiscal Nancy Hagopián consideró que el hecho se produjo «en pleno clima de efervescencia electoral», por lo que solicitó el archivo de las actuaciones.

Dos días después, los vecinos volvieron al juzgado y solicitaron la condena de Silva como «autor de un delito de difamación, especialmente agravado, a la pena de seis meses de prisión».

El pasado 18 de abril, el juez Alvaro González emitió una resolución en la que destaca que Silva «no constató que persona alguna rompiera los cables» y resalta que dichas afirmaciones «son relevantes para ofender el honor de las personas a quienes se refieren», por lo que lo condenó a seis meses de prisión por un delito de difamación.

«Indefensión»

Esta condena fue impugnada ante el Tribunal de Apelaciones por el abogado de Silva, Carlos García. En el fallo emitido ayer, redactado por el ministro Eduardo Lombardi y al que accedió LA REPUBLICA, el Tribunal destaca que «el prevenido propicia la anulación del proceso por entender que el mismo no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 16.099, fundamentalmente en lo que refiere a la convocatoria a audiencia».

En tal sentido, señala que «la citación que se le hiciera llegar no expresaba el motivo de la misma, enterándose recién en el momento de la audiencia de que se trataba de una denuncia por difamación e injurias a través del procedimiento extraordinario».

Según el organismo judicial, Silva «fue privado de su posibilidad de ofrecer prueba, dada la brevedad del plazo legal para hacerlo», por lo que advierte que «dicho apartamiento de las normas procedimentales le dejó en estado de indefensión, disminuyendo las garantías del debido proceso». Sostiene además que el juez «le negó el derecho a ofrecer prueba, fundado en que había caducado el plazo legal», mientras que cuando el edil «pretendió examinar el expediente para enterarse del motivo, se le negó acceso al mismo alegando reserva de las actuaciones». De todos modos, la Sala advierte que este extremo «no se encuentra acreditado en autos».

El Tribunal entiende que «asiste razón al recurrente cuando invoca su estado de indefensión para enfrentar las vicisitudes de un proceso penal por difamación e injurias» y destaca que Silva no logró acceder a una grabación del programa televisivo que había motivado la denuncia.

A criterio de los ministros, «la irregularidad de la convocatoria y, fundamentalmente, la subsiguiente negativa a aceptar el ofrecimiento de prueba constituyeron una infracción a las normas que rigen la intervención del imputado con desmedro de sus garantías». Para el Tribunal de Apelaciones, «la observancia de esas formalidades no constituye un mero requisito ritual cuando refieren al establecimiento de un proceso en el cual deben regir los principios democráticos que regulan la intervención judicial», por lo que declara «la nulidad del emplazamiento y todas las actuaciones posteriores».

«Ni me callo ni me voy»

«Acá no hay revanchismo, porque los colorados somos tolerantes», afirmó anoche Silva, quien no llegó a cumplir la condena de prisión que había fijado el juez de Pando.

El curul denunció además que los militantes del FA de Toledo lo quisieron «acallar» y «echar» de su puesto en la Junta Departamental.

«No me callo ni me voy», apuntó, e invitó a los denunciantes a «reunir fuerzas para trabajar por nuestra ciudad como gente civilizada». *