Partidos políticos coincidieron ayer en impulsar figura del defensor del vecino

En un encuentro realizado en el Palacio Municipal para analizar el tema, el director del Departamento Jurídico de la comuna, Adolfo Pérez Piera, reclamó que se instrumenten proyectos similares en los demás departamentos del país.

La imposibilidad de los uruguayos más pobres de acceder a la Justicia por falta de recursos económicos fue uno de los puntos donde coincidieron los representantes de todos los sectores políticos. Estas personas serían representadas por el ombudsman, que tendría autonomía económica y política. Uruguay es el único país de América Latina donde no existe Defensor del Vecino. El debate fue abierto con una exposición de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien defendió la figura como un instrumento para «fortalecer la democracia. Hay que hacerle conocer a la gente que la democracia sirve porque si no lo hacemos, después viene el discurso autoritario y eso no puede pasar». El cargo, unipersonal, fue creado en la capital argentina en 1996 y tiene autonomía económica y en la designación del personal. La única razón para ser removido del cargo es el juicio político. El puesto es ocupado durante cinco años renovables por un plazo igual y el candidato resulta elegido por dos tercios de los legisladores comunales. Oliveira comentó que «esto asegura que el ombudsman sea alguien independiente y que no se designe al caballo del comisario».

Profundización democrática

Entre los temas que la Defensora del Pueblo aborda en Buenos Aires se cuenta la atención a la población por reclamos en salud, incluyendo a las mutualistas, carencias de alimentación, educación o problemas de xenofobia. Esta figura tiene facultades parajudiciales en la capital argentina y está habilitada para reclamar información a cualquier organismo. Esto le permite «representar a los ciudadanos en juico para que no haya asimetría entre la gente y, por ejemplo, las grandes sociedades médicas». Este tipo de juicio fue aplicado el año pasado cuando Buenos Aires se quedó sin luz durante once días. Oliveira representó a los miles de ciudadanos afectados y ganó el juicio, por lo que «hoy las víctimas se limitan a hacer sus cuentas y cobrar la indemnización. Esto brinda una doble solución porque mucha gente no hubiera podido pagar un abogado». La exposición de Oliveira dio pie a una mesa redonda integrada por el diputado colorado Jorge Barrera, el director del Departamento Jurídico, Adolfo Pérez Piera, el presidente de la Fundación Montevideo, Ruperto Long, y el presidente del Nuevo Espacio, Gabriel Courtoisie.

El debate fue abierto por el intendente Mariano Arana, quien reafirmó su respaldo a la creación del Defensor del Vecino y explicó que la figura «tiene que ver con la profundización democrática, aplitud y pluralidad, con una persona que debe estar por encima de los intereses partidarios. El ombudsman puede hacer mucho por ese camino paulatino hacia la mayor credibilidad del vecino en todos nosotros».

Barrera comprometió el respaldo colorado a la iniciativa argumentando que «los gobernantes no somos dueños sino administradores de los bienes y recursos de la gente. Necesitamos organismos que nos controlen». Su aspiración es que se trate de «un sistema de control de la burocracia». Pérez Piera recordó que Arana impulsó la propuesta desde el inicio de su primer gobierno y señaló que la intención de la IMM es ubicar al Defensor del Vecino en el ámbito de la Junta Departamental. El objetivo es «defender los derechos humanos de los vecinos del departamento apuntando a la solidaridad social, el medio ambiente, los derechos del consumidor. Se apunta a atender los derechos humanos que están menos tutelados». Pérez Piera enfatizó que «hay un sector de gente que no tiene posibilidades de acceder a la Justicia porque litigar en Uruguay es muy caro». Al igual que en Argentina, se prevé buscar amplias mayorías para elegir a quien desempeñe el cargo y se aspira a darle una fuerte independencia económica y política. El presidente de la Fundación Montevideo, Ruperto Long, agregó que «se apunta a los ciudadanos a los que cuesta más hacer valer sus derechos.

Hay ciudadanos con un peso específico concreto y hay otros cuyo peso frente a la burocracia es limitado. Esto genera una falta de credibilidad que alimenta otro tipo de aventuras con consecuencias trágicas». El nuevoespacista Gabriel Courtoisie considera que el Defensor del Vecino debe estar fuera de los órganos municipales, incluyendo la Junta Departamental. *