Blancos responsabilizan a quienes pidieron los pases

Los legisladores blancos consideraron que «ante los hechos de deshonestidad comprobada», la «responsabilidad recae exclusivamente en quienes solicitaron dichos pases en comisión, y no recabaron los antecedentes funcionales y personales».

En una declaración, manifestaron «su derecho a obtener un servicio para el desarrollo de su tarea legislativa, consagrado por la Ley Nº 16.320″; y defendieron «la integridad moral de quienes hoy están cumpliendo funciones en sus secretarías».

Según fuentes parlamentarias, antes de emitirse la declaración pública rechazando la actitud del actual presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), se le comunicó la resolución al propio vicepresidente de la República, Hierro López. Desde el Poder Ejecutivo se evidenció el malestar con «el mal uso» que se da al instrumento. «No puede ser que alguien tenga a una persona en comisión y nunca la viste», dijo la fuente. Legisladores del Encuentro Progresista Frente Amplio como del Nuevo Espacio rechazaron las afirmaciones públicas vertidas por Lausarot.

En el Nuevo Espacio, el diputado Felipe Michelini negó que sea habitual en el sistema político «el hacer gauchadas para que la gente no trabaje» y afirmó que estas prácticas merecen ser repudiadas. No obstante, dijo que primero espera una respuesta colectiva de todo el sistema ante el asunto y que luego «podríamos discutir si el sistema de pases en comisión necesita o no modificaciones». Por su parte, el diputado por el Foro Batllista Alejo Fernández Chaves indicó ayer que luego de una reunión entre todos los coordinadores de bancadas se resolvió realizar un estudio a nivel nacional de los pases en comisión. Luego anunció que presentará un proyecto de ley.

Aseguró que si hoy se realizara un corte abrupto de los pases en comisión se provocaría una situación cercana al colapso porque muchos hospitales del Interior trabajan con gran cantidad de funcionarios en comisión principalmente de las intendencias municipales.

Por ese motivo se debe estudiar en primera instancia la situación a nivel nacional, lo que llevará algunos días saber con precisión ese dato y luego redactar un proyecto de ley donde se contemple la posibilidad de que sigan funcionando esos organismos con tantos funcionarios en comisión y a la vez darle cristalinidad al mecanismo para lo cual sería el Tribunal de Cuentas de la República el organismo encargado de realizar el contralor.

Chaves aseguró que se solicitarán las referencias concretas a efectos de tener un panorama claro a la Oficina Nacional del Servicio Civil y las intendencias municipales que cubren una cantidad importante de la actividad estatal en el interior del país.

Para tales efectos se debería conversar el tema tanto con el Congreso Nacional de Intendentes como de Ediles. *