Cámara aprobó Rendición de Cuentas y Balance de 2000

La rama baja parlamentaria comenzó la votación en horas de la mañana, y en sesión extraordinaria. El EP-FA reclamó «un golpe de timón para la trayectoria de la economía» del país, y propuso una docena de aditivos con el fin de que «se eliminen los topes presupuestales para la inversión pública y se haga efectiva la aprobación de la tasa consular para controlar a las importaciones y defender el mercado interno», que no fueron aprobados.

También planteó que se direccione la recaudación hacia los organismos que tienen «una responsabilidad esencial en el enfrentamiento de la situación de emergencia social y altísima pobreza infantil, es decir al Instituto Nacional del Menor (Iname), Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y hacia la Junta Nacional de Empleo (Junae) para reforzar los programas de recalificación y reinserción laboral de trabajadores con problemas de empleo».

Durante la discusión, el diputado por el Espacio 90 Roberto Conde expresó ayer que el déficit de 763 millones de dólares del Ejercicio Presupuestal de 2000 «es el más grande de la década, y el más novedoso», mientras que el diputado por el Batllismo Lista 15, Gabriel Pais la calificó como la ley «más importante y positiva debido a que no contiene incremento de tributos ni de gasto».

En el informe en mayoría, que respalda tanto la coalición de gobierno como el Nuevo Espacio aunque Iván Posada se manifestó «discorde por fundamentos», se indica que «el mantenimiento de la situación recesiva en el ámbito regional determinó que la actividad productiva se retrajera en 1,3 por ciento durante el año 2000 medida en función del PBI». El estado de resultados para el año 2000 «muestra un total de recursos de 46.7 millones de pesos, mientras que las erogaciones totales alcanzan los 55.994,9 millones de pesos; de esta forma el resultado del ejercicio es deficitario».

El diputado Gabriel Pais (Lista 15) criticó el Plan de Emergencia del EP, ya que considera que «no hay un modelo distinto, ni alternativas a la economía global».

En ese sentido, señaló que «el Impuesto a la Renta no alcanza, ya existe, es de 30 por ciento en industria y el comercio, está el impuesto a los sueldos y el IRA». Aseguró que debido a la situación actual «no es conveniente aumentar los tributos y, por tanto, no se pueden considerar los gastos propuestos porque no habría cómo financiarlos, y se arriesgaría terminar con un déficit mayor que podría eliminar la pérdida para el Uruguay del grado de inversión».

«El uso de las reservas, las cuales están en el orden de los 1.600 millones de dólares, ha sido lo que salvó al país de caer en una de las peores crisis», sostuvo el parlamentario.

Pais entiende que mantener la inflación controlada es «la mejor forma de proteger a los jubilados, pensionistas y trabajadores del país cuyos ingresos no se verán absorbidos por el aumento de los precios». Para el legislador batllista, si se respetan «las reglas de oro de la economía abierta, se podrá enfrentar mejor las crisis externas».

Por su parte, el diputado herrerista José María Mieres destacó «matices e improntas» con la Ejecución Presupuestal

En este sentido indicó que «puede advertirse que para mejorar la recaudación se aumenta la imposición, fundamentalmente al gasto, deprimiendo la demanda; se aumentan impuestos pero no se busca aumentar la eficiencia en la recaudación; se rebajan inversiones para reducir el gasto en función de la rigidez estructural del gasto de funcionamiento, esto es, menos empleo, menos recaudación».

Sin embargo, «la estructura y el nivel del gasto de funcionamiento se mantiene inalterado, especialmente en el nivel global de salarios de los niveles más altos de la administración, lo que no implica desconocer que algunos sectores de trabajadores públicos merecen una mejoría salarial y que han sido una preocupación constante del Partido Nacional y que se vieron plasmados en nuestro gobierno, como por ejemplo, policías, docentes».

«Estas medidas de ajustes suelen actuar sobre el gasto y sobre los ingresos, pero en realidad, por la forma como se implementan, incrementan los primeros y el costo del Estado para los particulares». *