El ex director de la DGI pidió ser investigado por Junta anticorrupción

El ex director de la DGI Joaquín Díaz se presentó ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, para que investigue su patrimonio. Díaz concurrió voluntariamente, a raíz de las denuncias publicadas en Brecha que lo involucran en forma indirecta con un supuesto esquema de protección fiscal. Los directivos de la Junta procedieron a la apertura de los sobres con las declaraciones juradas sobre su patrimonio, y certificaron su contenido. Los sobres contienen la información patrimonial al momento de asumir el cargo en la DGI y otra al momento de su cese.

Consultado por LA REPUBLICA el presidente de la Junta, el doctor Carlos Balsa, dijo que se solicitó al ex jerarca «ampliar información» contenida en los sobres y se le dio un plazo de diez días para que respondiera. Al explicar el procedimiento, Balsa recalcó que el ex jerarca concurrió en forma voluntaria, sin mediar una orden judicial. Agregó que la Junta hará luego una evaluación de la información y actuará en consecuencia; esto es, «si encontramos irregularidades, se lo trasladamos al fiscal de Corte» o, de lo contrario, archivamos el caso. Los diez días hábiles comenzaron a correr a partir de ayer, agregó.

Por otra parte, Balsa informó además que, por orden judicial, se procedió hasta el momento de 27 sobres de funcionarios públicos de distintas reparticiones, algunos de los cuales son aduaneros.

Planteo político

El legislador José Mujica, coordinador de la bancada del Encuentro Progresista, realizó ayer un planteo político en el Senado referente a «las reiteradas informaciones de prensa vinculadas a la situación patrimonial del ex director de la Dirección General Impositiva (DGI), Joaquín Díaz».

Al hacer uso de la palabra luego de finalizar la media hora previa de la Cámara alta, Mujica indicó que la situación se agrava «por el hecho de no tener conocimiento –hasta el presente– de actuaciones en la Justicia Penal», encaminadas al esclarecimiento de las circunstancias referidas.

El parlamentario encuentrista quiere saber si este hecho no habilita «la competencia en la materia de la intervención de la Junta Asesora en Materia Económica-Financiera prevista en la Ley 17. 060″.

En esta iniciativa «se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado». *