Más derivaciones del informe de la diputada argentina Carrió

Empresas, testaferros y estudios uruguayos investigados por lavado

El cuadro forma parte de un subcapítulo del capítulo 9, denominado “Los modos de constitución de empresas en el exterior”. Vale señalar que todo ese tramo del documento se refiere exclusivamente a Uruguay.

Se trata de 96 sociedades anónimas o sociedades financieras de inversión (Safi’s), creadas por estudios contables uruguayos y en cuyo directorio figuran testaferros compatriotas. Todas ellas figuran en las nóminas enviadas por la Comisión del Senado de los EEUU que investigó el lavado de dinero.

Y salvo siete vinculadas a Mercado Abierto y al Cártel de Juárez, las otras 89 se refieren exclusivamente a la operativa del Federal Bank, el Banco República y la American Exchange, todas propiedad del banquero argentino Raúl Moneta.

En medio aparecen otras vinculadas, además, al Banco Mercurio propiedad del financista Jacques Benadon denunciado por el asesinado Mauricio Perel como fabricante de “justis” o justificaciones impositivas para evadir a la DGI de ese país.

El escribano Morassi, el Cártel de Juárez y sus empresas

Cuando en marzo del año pasado el inspector (r) Roberto Rivero inició una investigación sobre las actividades del Cártel de Juárez en nuestro país, la respuesta del gobierno fue terminante: el entonces director nacional de Policía agredió al sistema y por lo tanto merecía la destitución, previa calificación como “terrorista de Estado” por parte del ministro del Interior Guillermo Stirling.

¿Qué había hecho Rivero? Pues nada más ni nada menos que exponer reservadamente en un oficio policial dirigido a la Justicia lo que luego Andrés Oppenheimer revelara en su libro “Ojos vendados” y ahora reafirma, con más datos, el documento elaborado por la Comisión de Diputados argentina.

¿Que el Estudio Posadas, Posadas & Vecino arma sociedades empleadas por los lavadores de dinero? Pues, lo reafirmó Carrió señalando la condición de ex ministro de Economía de Ignacio de Posadas.

¿Que están involucradas algunas de las principales instituciones bancarias? Pues son varias y también el Citibank, uno de los más importantes del mundo?

¿Que Javier Morassi, escribano del director de Búsqueda Danilo Arbilla, que intervino representando al empresario periodístico en la venta de su mansión de Punta del Este por 550.000 dólares al narcotráfico, continuó trabajando para los lavadores del Cártel de Juárez? Pues exactamente, el informe argentino revela que Morassi sigue “atendiendo” a cinco empresas, tres de las cuáles eran conocidas –Sasur, Tamilur e Idafal SA– porque estaban encabezadas por Jaime Martínez Ayon, representante directo de Amado Carrillo Fuentes en Argentina y Nicolás Di Tullio, recientemente procesado y remitido a prisión por lavar dinero del Cártel.

Algo de lo que las autoridades uruguayas parecen no haberse percatado.

Pero el “informe Carrió” revela que hay otras dos empresas, desconocidas públicamente hasta el momento, con sede en el estudio de Morassi

Se trata de Saltur SA, RUC 213633200012; y Larenir SA, RUC 213644040011, ambas domiciliadas en Zabala 1312 ap. 403. A la vez, la financiera Mercado Abierto tiene otras cuatro sociedades funcionando en Uruguay, una de ellas en Maldonado. Se trata de la ya conocida Financiera Estarey y las desconocidas Anebi SA, Biesatour SA y Autum Invest, una off shore uruguaya.

Tamilur controlaba a todas las empresas argentinas y pagaba todos los sueldos y gastos de las propiedades donde estuvo viviendo Carrillo Fuentes; está registrada como empresa extranjera en Argentina. Es decir, era la empresa dominante del grupo.

Sasur es la dueña del chalet Holiday adquirido a Danilo Arbilla; Idafal es la propietaria de los campos en paraje Las Bolas en Flores.

La gran pregunta ahora es ¿qué bienes tienen en Uruguay, Saltur, Larenir y Anebi SA? Es probable que a partir de la semana próxima, cuando lleguen a Buenos Aires las cajas del Senado de EEUU con la operativa de Mercado Abierto, se logre saber los bienes que controlan.

El herrero que hace cuchillos

En 1999 cuando el ex jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, reveló que investigaba una red de lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Brasil e involucró al estudio Posadas, Posadas & Vecino, Ignacio de Posadas contestó con una metáfora.

“Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellos”, señaló De Posadas a la revista Noticias.

Pero según el informe argentino, todo parece indicar que los asesinos compran cuchillos a no más de dos o tres herreros. Llaménse éstos Posadas, Lublinerman o Etcheverrito.

El estudio Posadas, Posadas & Vecino “fabricó” decenas de empresas empleadas luego por Moneta para desviar dinero a través de la American Exchange, con sede en Punta del Este y en Panamá.

Todas depositaban en el Federal Bank; alguna está vinculada, a través de sus socios, a la Zona Franca de Montevideo, como Katun SRL, u otras como Altazor SA aparece recibiendo giros del Federal.

Por su parte, el estudio de Juan Alberto Etcheverrito es señalado como haciendo sociedades empleadas para el tráfico de armas argentinas. Entre ellas, Daforel y Delbote SA, que eran presididas por Angela Chiodi, una ex empleada administrativa de ese estudio, que empezó a firmar papeles a los 81 años cuando sufría de una temporal incapacidad. En el mismo estudio hay otras 58 empresas presididas o administradas por Chiodi.

Etcheverrito, que es concuñado del ex director de la DGI, Joaquín Díaz, tiene 137 empresas registradas a nombre de Angela Díaz, hermana de Joaquín. Todas esas empresas están mencionadas en el “informe Carrió” y presumiblemente podrían haber sido empleadas para maniobras de lavado de dinero adquiriendo, por ejemplo, propiedades en Uruguay. Meribel SA es otra empresa fabricada por Etcheverrito, presidida por Angela Chiodi y vinculada a la coima IBM-Banco de La Nación.

Los narcos en punta

La empresa South Pacific Trade SA, señalada por el periodista Oppenheimer como una de las más importantes en poder de los narcos mexicanos e implicada en la Operación Casablanca.

Es administrada por el abogado y escribano Carlos Nieves con estudio en la calle Sarandí 690, escritorio 201 de Maldonado y está registrada a nombre de Jaime Chaffer Gindel desde el 4 de junio de 1996. Antes, desde 1989 estuvo a nombre de Alberto Carlos Segundo Martínez. Tiene dirección, además, en un local de Gorlero y calle 21.

Chaffer aparece comprando a Aldo Ducler, dueño de Mercado Abierto, la empresa Mercofound, Fondo Común de Inversión con sede en Montevideo.

A su vez , el contador Lublinerman armó Coutts and Co. Uruguay SA con domicilio fiscal en Gabriel Otero 6462. Esta empresa es la contracara de Mercado Abierto en las Islas Caimán, ya que siendo allí una off shore, no puede operar. Para adentro de Caimán, Mercado Abierto se llama Coutts, tal como lo señaló el informe del Senado de los EEUU.

En Coutts and Co.SA –una empresa diferente– también construida por Lublinerman, empieza a operar en Uruguay Christopher Hooper, quien después del 96 se queda como propietario y se asocia al Banco Extrader de Marcos Gastaldi. Cuando este banco cayó, pasa a operar con Moneta.

Otros nombres

Algunos de los operadores de Bolsa más importantes, como Hordeñana Y Asociados, Víctor Paullier o Juan Pedro Damiani, confeccionaron en sus estudios empresas que transfirieron o recibieron millonarios giros del Federal Bank o la American Exchange.

Damián y el contador Mauricio Cukier, otro que fabricó sociedades, fueron mencionados por Perel como “fabricantes d
e justis” o justificaciones para evadir a la DGI argentina.

Un asunto para el juez Urso

Una de las empresas investigadas en argentina es Ondisur SA, propietaria de una residencia adquirida por Carlos Menem, cuya presidenta es Zulemita Menem. La empresa integra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que el juez Jorge Urso, sigue contra Menem.

Pero el informe Carrió revela un dato que vincula a Ondisur con las empresas señaladas como partícipes en el tráfico de armas.

Se trata de una SAFI construida por el estudio Lublinerman. Como director activo desde 1994 aparece Julio Eduardo Maino Errecart, en ex marino mercante que tuvo vinculación con el asunto Tacoma.

El dato más curioso es que en la DGI uruguaya, la empresa Ondisur da como su teléfono el del contador Ruben Weiszsmein, quien está vinculado a Elthan Trading y a Port Vendres, sociedades empleadas para contrabandear armas y disimular las coimas.

Los testaferros

La mayoría de los centenares de personas señaladas como testaferros son o funcionarios de los respectivos estudios o algunos de sus socios.

LA REPUBLICA está en conocimiento de personas que en Punta del Este prestan su nombre para construir sociedades anónimas y a cambio reciben una remuneración anual. Uno solo de ellos preside algo más de 200 SA, por lo que cobra 200 dólares a cada una por año.

Una actividad que, a consecuencia de las leyes del mercado financiero, parece haberse extendido y proporcionar un trabajo rentable. Aunque nadie podrá decir que digno. *

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje