Blasina: Se intentará mejorar el proyecto de reparación

Los miembros de la agrupación parlamentaria determinaron el martes invitar para el próximo miércoles al ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Alvaro Alonso, a representantes de la Comisión del Reencuentro y PIT-CNT en el marco del análisis del proyecto.

En ese sentido, Blasina indicó a LA REPUBLICA que la propuesta, en términos generales, introduce «mejoras respecto a la que se trató en la anterior legislatura».

«Por ejemplo, elimina el requisito de figurar en las listas MTSS para acceder al derecho de reparación que otorga el proyecto de ley, es decir, las listas de trabajadores y trabajadoras de la actividad privada que se oficializaron por exigencia de la ex ministra de la cartera Ana Lía Piñeyrúa».

Agregó que la iniciativa que ingresó a la órbita de la Comisión de Seguridad Social de Diputados, «introduce un elemento que no estaba presente cuando, en febrero pasado, antes de ingresar al Parlamento, fue considerado por el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) para que éste emitiera una opinión técnica sobre el mismo».

«Ese elemento contenido en el artículo 3 del actual proyecto de Ley garantiza el derecho de quienes, habiendo sido detenidos antes del 9 de febrero de 1973, siguieron en esa misma situación después de esa fecha, lo cual queda claro cuando a través del artículo se indica haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de libertad», señaló el legislador.

Es decir que, por ejemplo, «ampara a quienes habiendo sido encausados inicialmente por la Justicia Civil, pasaron luego a la Justicia Militar y siguieron detenidos, algunos por muchos años, luego del 9 de febrero de 1973″.

«Posibilidades de modificaciones»

«Nuestra voluntad, respaldada expresamente por la bancada de diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), es que, sin dejar de plantear algunas posibles modificaciones este proyecto sea tratado con la mayor celeridad posible. Agilidad no es sinónimo de tratarlo a las apuradas, pero sí de estar a la altura de la sensibilidad de quienes hace 16 años están esperando por una reparación y que no sería justo ni entendible dilatar esa espera».

En ese sentido se deben «reconocer dos tipos de situaciones: la de quienes vienen bregando incansablemente y desde hace tiempo por esta causa y la de aquellos que teniendo derechos hoy ya no están».

El legislador socialista aseguró que si bien la iniciativa es «compartible» en términos generales, se tratará de mejorarla en algunos aspectos, como por ejemplo, «en la comisión especial que crea la iniciativa a efectos de sustanciar y resolver los casos de quienes se presenten ante ella, debería integrarse con un representante de los trabajadores.

Ello redundaría en mayores garantías para todos en cuanto a la ecuanimidad en el tratamiento del fallo sobre los casos que se traten. Atendiendo además, en cierta medida, la cantidad de recursos de revocación que el proyecto reconoce como derecho».

En cuanto a los trabajadores destituidos por haber realizado la huelga general de resistencia a la dictadura en el año 1973, «debería existir una categoría especial a incorporar al proyecto que contemple ese tipo de situaciones estudiando cada caso».

Según el parlamentario, se deberá discutir «si en todos los casos se debe exigir prueba documental a quienes comparezcan ante la Comisión o se aplican las normas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico».

«No me perece lo más justo limitar los derechos de los asilados o exiliados políticos a quienes hubieran retornado y radicado en nuestro país, antes del 1º de marzo de 1987. Esa fecha, de por sí arbitraria, debería extenderse».

Blasina considera que en la iniciativa «se excluyen a quienes se exiliaron en países con los cuales Uruguay mantiene convenios de reciprocidad en cuanto al reconocimiento de años trabajados.

Lo que ha sucedido en realidad es que hay trabajadores que se han visto obligados a desarrollar tareas en esos países «en negro», por razones elementales de seguridad, el ejemplo más claro se refiere a lo que sucedió en Argentina».

La bancada del EP-FA asumió la responsabilidad de «resolver este dilatado reclamo en el presente año», puntualizó.*