MPP votará en general pero se retirará de sala cuando se ingrese a la discusión particular

Junta Departamental aprobará pliego de licitación de residuos

El Movimiento de Participación Popular (MPP) se comprometió a votar el tema en general pero se retirará de sala en los artículos particulares que no comparte. El presidente de la Junta, Uberfil Hernández, perteneciente al sector, permanecerá en sala durante toda la votación pero no acompañará los artículos objetados. Hernández dijo a LA REPUBLICA que «como presidente, corresponde que nos quedemos en sala». Recordó que en la votación «se cuentan solamente los votos afirmativos», por lo que se limitará a no levantar la mano cuando lo considere conveniente.

La principal discrepancia del MPP radica en los siete años que durará la adjudicación, ya que el sector considera que la extensión debería ser solamente de cinco años. Al retirarse de sala, los ediles permitirán que la coalición de izquierda alcance la mayoría simple necesaria para aprobar todo el pliego.

Entre las modificaciones integradas por el EP al documento está incluida la propuesta del forista César García para que el treinta por ciento de los contratados por la empresa adjudicataria pertenezcan a organizaciones no gubernamentales (ONGs). También se incorpora la obligación de fijar un salario igual o superior a cuatro salarios mínimos para los trabajadores, planteo efectuado por los sectores mayoritarios de la izquierda.

Uno de los aspectos más cuestionados será que la licitación abarcará el área que actualmente ejecuta la empresa Sur (zona A) y una ampliación a La Aguada (zona B). Sin embargo, la zona B quedará en suspenso y se exigirá el aval de la Junta Departamental para extender la privatización. El intendente Mariano Arana ya se comprometió a no extenderla pero la idea de los sectores mayoritarios de la izquierda es utilizarla como «espejo» del sector privatizado, para poder comparar la gestión municipal respecto a la privada.

Respecto a los años de concesión, el edil Carlos Varela (AU) indicó que «ese punto nunca fue cuestionado y recién ahora apareció como algo conflictivo».

El intendente Arana quiere que se mantengan los siete años por un tema económico y así lo vamos a hacer». *

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