Convocan a los presidentes de Ancap y del Tribunal de Cuentas

Por unanimidad, la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados citó para la semana próxima a los presidentes de Ancap y del Tribunal de Cuentas.

El diputado del Encuentro Progresista Daniel Díaz Maynard planteó ayer en Comisión su preocupación por la existencia de un informe del Tribunal de Cuentas que avala la realización de contratos en usufructo –por un plazo de 30 años– de bienes inmuebles del Estado sin necesidad de una ley o de aprobación de la Junta Departamental.

El dictamen había sido requerido por Ancap al organismo de contralor el pasado 31 de julio Ancap, a raíz de su interés en asociarse a la firma argentina Loma Negra en el área del portland. El informe del departamento jurídico del Tribunal de Cuentas, firmado por la doctora Isabel Tesei, concluyó que el contrato de usufructo es la figura contractual más adecuada «en virtud del volumen de inversiones a realizar por terceros en los bienes del Ente» y al no constituir ni una enajenación ni un gravamen no está comprendido en las limitaciones dispuestas por el Tocaf.

Maynard advirtió ayer que «si prospera ese dictamen se podría sacar de la órbita estatal a la totalidad de los bienes del Estado» y además que constituye una «privatización encubierta». «El Estado quedaría con la nuda propiedad y sin el goce de los bienes, con el agravante de que el usufructo se puede vender, arrendar, regalar y en consecuencia, perderíamos el total control del patrimonio estatal», agregó.

El Tribunal de Cuentas debía considerar el tema en la sesión de ayer, pero la discusión se pospuso hasta la semana que viene. El artículo 69 del Tocaf es claro. Allí se establece que «los bienes inmuebles del Estado y los del tesoro cultural de la nación no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna, sin la expresa disposición de una ley o con la autorización de la Junta Departamental». *