Opertti anunció que no se detendrá a ex represores

En una resolución, basada en la opinión del fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Oscar Peri Valdez, el gobierno uruguayo resolvió reservarse nuevamente el derecho a detener a los requeridos y dispuso que se continúe con la vigilancia de frontera para los cuatro imputados: José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida. «La vigilancia no hace necesaria la detención», afirmó ayer el canciller Didier Opertti.

El primer pedido de captura realizado por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral fue remitido a Interpol Uruguay y derivado al Ministerio del Interior. La segunda solicitud de prisión preventiva fue realizada a través de la Cancillería.

Ayer por la tarde Opertti se reunió con Peri Valdez quien el día anterior y en calidad de procurador general de la Nación emitió una opinión sobre la solicitud de la Justicia argentina.

Según Opertti, Peri Valdez señaló que se está ante «una multiplicidad de solicitudes llegadas al Uruguay en momentos distintos emanadas del mismo juez, referidas a las mismas personas, por las mismas causas y con igual objeto, o sea la detención».

Indicó que debido a que «no hay diferencia entre una solicitud y la otra (y que) no hay elementos de hecho nuevos en el fundamento de la solicitud» es que el Poder Ejecutivo decidió «estar a lo que resolvió el Ministerio del Interior» que se «reservó» el derecho de cumplir con la solicitud de captura y dispuso la vigilancia de frontera para los cuatro requeridos.

«Ni el dictamen del procurador general de la Nación ni la resolución que adoptara el Ministerio de Relaciones Exteriores hacen consideraciones sobre el fondo de la solicitud de la detención, ni sobre un adelanto del criterio (de respuesta) de lo que podría ser en el futuro un pedido de extradición», agregó Opertti.

Sostuvo además que «el Poder Ejecutivo es uno solo, resuelve a través de una resolución de igual contenido. No estamos de ninguna manera invadiendo competencia de otro poder, no estamos prejuzgando sobre la extradición, y reservamos todas las facultades que el Poder Ejecutivo tiene en esta materia».

Opertti indicó que en esta etapa el gobierno no invocó el mantenimiento del orden público para negarse al pedido de captura. Dijo que «ante un pedido de extradición no podemos dejar de consultar los efectos desde el punto de vista de orden público dentro de las normas internacionales, sin inventar nada, (ya que) eso está en una disposición expresa del tratado bilateral de extradición».

La Justicia argentina le imputa a los cuatro requeridos «la participación en el secuestro y desaparición» de 24 ciudadanos uruguayos en el vecino país. «Todos los hechos fueron cometidos en el marco de procedimientos parapoliciales» decía el texto de pedido de captura. La pena máxima que afrontarán los cuatro oficiales es de 25 años de prisión. *