Documento revela detalles del asesinato de Zelmar y El Toba

LA REPUBLICA está en condiciones de asegurar a sus lectores que el documento posee fecha cierta con anterioridad al año 1978, es decir que no fue redactado recientemente como parte de una maniobra de desinformación contemporánea.

Si se tratara de una operación de estas características, la misma fue elaborada en la tenebrosa época de plomo que asoló a ambas márgenes del Río de la Plata.

El documento contiene numerosas informaciones que muchos años después fueron verificadas en diversos organismos y que sólo podían conocer quienes actuaron en el magnicidio.

De todos modos, LA REPUBLICA advierte a sus lectores que no puede asegurar que el presunto autor del documento se llame Agustín Efraín Silvera, ni que éste fuera integrante de la Policía Federal argentina, ni que su contenido sea cierto, ni que no se trate de una operación de desinformación surgida en aquellos años. Lo que sí puede asegurar es que fue redactado hace más de veinte años y que algunos de sus pasajes tuvieron plena confirmación muchos años después.

El documento de nueve carillas, escrito a máquina, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, revela la coordinación existente entre los servicios y los grupos de tareas de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, en el marco del Plan Cóndor. También identifica los contactos e información con la Embajada de EEUU y dentro de Argentina con la Triple A y la Policía Federal.

El documento revela los nombres de unos 16 personajes supuestamente partícipes en el secuestro y posterior asesinato de los dos legisladores (ver nota aparte).

Sin embargo, llamativamente, de los conocidos represores acusados de operar en la Argentina, solamente aparece mencionado el ex comisario Hugo Campos Hermida.

La ausencia de los nombres de los coroneles José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira y el del capitán Pedro Matto que, según múltiples testimonios tuvieron participación en el secuestro, fue explicada a LA REPUBLICA por fuentes militares.

Los informantes indicaron que «Gavazzo y Cordero operaron en Buenos Aires con varios alias y que, además, utilizaron identidades tanto de militares como de policías que nunca estuvieron en Buenos Aires o por lo menos no tomaron parte de los operativos del Cóndor».

Según las fuentes, «Blanco» y «Sosa», serían en realidad «alias» que habrían utilizado, en más de una oportunidad, militares como Gavazzo y Cordero. Con estos y con otros nombres falsos se habrían llevado a cabo numerosas operaciones en los dos países.

Uno de los mencionados en el documento accedió a dialogar con LA REPUBLICA, con la condición de que su identidad no fuera revelada. En la entrevista rechazó haber participado en los hechos que se relatan.

Un dato llamativo es la abundante información sobre la coordinación conocida como Plan Cóndor contenida en las nueve carillas.

Los datos en poder de LA REPUBLICA permiten señalar fehacientemente que el documento data de antes de 1978. Los originales de estas páginas están marcados por el tiempo y fueron encontrados en forma casual en el interior de un baúl en un país de Europa, extremo este cuya exactitud fue corroborada por nuestros periodistas, quienes verificaron la existencia de la fuente y su credibilidad.

En aquella época, esta coordinación no era de dominio público y los detalles que se revelan en el documento no se supieron sino hasta muchos años después.

La idea predominante en las fuentes consultadas y que se desprende de las consultas y la investigación realizada es que se trata de un documento que narra hechos con «verosimilitud» y cuya presentación no ha sido posible verificar como real en toda su extensión.

El documento

«Agustín Efraín Silvera», agente de la Policía Federal argentina, aparece como autor del documento. LA REPUBLICA procuró, sin éxito, su localización, tanto en Argentina como en Uruguay.

El supuesto agente estuvo a cargo –según el relato del documento– del seguimiento de Michelini en los días previos a su asesinato. La historia fue contada, según el propio Silvera, como «garantía» para salvar su vida y estando detenido por la propia Policía Federal, «para asegurarme de que no me pase nada aquí adentro, porque si ellos quieren me boletean».

El relato aporta datos ciertos sobre lugares que frecuentara, vida y costumbres del legislador frentista en su exilio bonaerense, y que fueron corroborados después por numerosos testigos.

También describe –hasta en sus más mínimos detalles– el funcionamiento, la organización y la infraestructura del «escuadrón de la muerte» que operó en la capital argentina, así como los nombres de quienes supuestamente lo integraron.

El plan maestro se planificó, según «Silvera», a mediados de abril, en un local de la calle Rivadavia y Maipú, rentado por uruguayos y que funcionaba como «una especie de agencia de publicidad o algo así» y que «después del asunto Michelini» dejó de utilizarse. Este local, anteriormente, fue un centro de operaciones de la Triple A de López Rega.

El policía señala al ex comisario «Campos Hermida» y a un oficial uruguayo de Inteligencia militar de apellido «Sosa» como «cabeza del grupo». También menciona a otro militar uruguayo, «Ramírez», «creo que general», y al general «Ojeda», argentino, como responsable «de la cosa operativa». Este último, hoy fallecido, sería el que, en aquellos años, estuvo al frente de la seguridad en jurisdicción de la capital federal y que respondía a las órdenes del general de brigada Albano Hardindeguy, ministro del Interior.

A su vez, aparecen otros nombres: Miguel Castañeda, un ex boxeador, un subcomisario de apellido Soria; Blanco, integrante de la policía; un colaborador de Ojeda, a quien decían «el Brasilero»; Julio César Márquez (o Marques), y Juan Manuel Tasca, entre otros, vinculados por Silvera al mismo operativo.

También figura un portorriqueño de nombre Jaime del Castillo, vinculado según el documento a la «Embajada de EEUU» en Buenos Aires y anteriormente en Montevideo. Este, «agente de la CIA», como lo define el documento, participaba en reuniones con los militares uruguayos, ponía dinero y recibió información. Según fuentes consultadas por LA REPUBLICA Jaime del Castillo hoy pertenecería al cuerpo diplomático del gobierno de los Estados Unidos y podría estar sirviendo en Colombia.

Los hechos

Las ejecuciones de Michelini y Gutiérrez Ruiz se concretaron el 20 de mayo. Sosa sostiene que el operativo «lo había planeado para que lo hiciera gente argentina». En total, participarían unos 40 hombres, todos argentinos, menos Sosa.

La descripción de la operación y del modus operandi coincide plenamente por la brindada en la carta que le envió Wilson Ferreira Aldunate al dictador argentino Jorge Rafael Videla, pocos días después de consumarse el asesinato.

Según el relato del documento el grupo de militares y policías descripto se encargaría de Michelini y Gutiérrez Ruiz y un segundo grupo, a la misma hora, intentaría secuestrar a Wilson Ferreira Aldunate. Al grupo principal se unirían después otros dos oficiales uruguayos de Inteligencia del Ejército, procedentes de Montevideo, uno de los cuales al final no participó. Las «órdenes», según el relato, eran de «boletearlos» si se resistían, o sacarlos vivos y llevarlos a Palermo. De allí los sacaron de inmediato a un regimiento «junto a otros tipos que habían agarrado».

El día 21 de mayo, a la hora 21.10 de la noche, aparece en la intersección de las Avenidas Perito Moreno y Dellepiane, un vehículo marca Torino coupé, color rojo, abandonado.

En el interior del mismo se encontraba el cadáver del senador Michelini. En el baúl del rodado fueron encontrados otros tres cadáveres: el de Gutiérrez Ruiz y el del matrimonio Rosa del Carmen Barredo de Schroeder y William Whitelaw. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala y se hallaban maniatados. El médico comunista Benjamín Liberof, secuestrado en la misma noche que Michelini y Gutiérrez Ruiz, sigue desaparecido.