Tres cartas

Los antecedentes de este caso llegaron por escrito al presidente de la República, Jorge Batlle, al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, y al titular de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli.

En una carta enviada a Batlle el 15 de marzo de 2001 y reiterada a Peri Valdez dos semanas después, la abogada Martha Ferrando narró las peripecias ocurridas durante 4 años y que podrían terminar en los próximos días con la liquidación judicial de los bienes de Gallo Núñez.

También cuenta la sanción disciplinaria impuesta por el tercer juez a cargo del caso, Enrique Malel, quien pocos días después fue removido de su cargo y sometido a una investigación sumarial.

Luego de esto, la sanción de 50 unidades reajustables fue anulada.

Además de relatar los hechos ocurridos desde el 2 de diciembre de 1996, Ferrando recuerda sus consultas a destacados juristas, jueces, fiscales y procesalistas (entre ellos el profesor Enrique Véscovi, ver nota aparte), en base a las cuales promovió un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia que fue rechazado por cuestiones formales. También señala el hecho de que la causa haya pasado por manos de tres jueces (Gerardo Siri, Gonzalo Silva y Enrique Malel) y las «omisiones y contradicciones del juzgado letrado de primera instancia de Río Branco y de la Fiscalía».

En la misiva enviada al presidente de la SCJ, Milton Cairoli (con copia al resto de los ministros), Ferrando reitera los antecedentes del caso y menciona la entrega de los mismos al primer mandatario y al fiscal de Corte, así como conversaciones sobre el asunto con la ex presidenta del máximo órgano judicial, Jacinta Balbela de Delgue.

Agrega también los «errores del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno y omisiones de la Fiscalía», a cargo de Elsa Machado.

Según la abogada, la sentencia del Tribunal «era pasible del recurso de casación por parte de la Fiscalía, en virtud del claro apartamiento por parte del tribunal de las normas de la sana crítica, que rigen tanto en materia civil como penal, pero la fiscal letrado nacional, doctora Elsa Machado, entendió que era simplemente un problema de valoración de prueba y omitió recurrir». *