CDC universitario aprobó cobro de algunos posgrados

Tras una extensa sesión que culminó pasadas las 23 horas, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República votó el cobro parcial de matrícula a los posgrados. La moción aprobada por el órgano cupular de nuestra casa de estudios superiores fue la presentada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), que establecía la gratuidad con excepciones.

La delegación de ADUR planteó que las excepciones se aprobaron por dos tercios del total de los miembros del cuerpo, lo que en definitiva no prosperó.

La primera votación, que estableció el cobro para algunos posgrados en una decisión que asume carácter histórico, fue apoyada por 13 votos en 20. La mayoría se logró con el apoyo de los docentes, parte de los decanos y el Rector Rafael Guarga.

Sufragaron en contra el decano de la Facultad de Humanidades, Adolfo Elizaicín y los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU). La delegación de Veterinaria se abstuvo. En una segunda instancia, se acordaron las mayorías para votar las excepciones. Esta moción fue apoyada por la mayoría de los miembros del CDC, votando en contra ADUR, la FEUU, el decano de Humanidades, Adolfo Elizaicín y el de Medicina, Luis Calegari.

Sí al exhorto

Posteriormente, el Consejo Directivo Central aprobó –por unanimidad– una declaración que reclama que se haga lugar al exhorto de la Justicia argentina que requiere la captura de tres militares y un policía, acusados de violar los derechos humanos durante las dictaduras de ambos países del Plata. En sus partes sustanciales, el texto de la declaración expresa lo siguiente: el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República considera necesario contribuir a la consideración y comprensión del tema, en defensa de los valores morales, los principios de justicia y libertad, los derechos de la persona humana y la forma democrático republicana de gobierno». Más adelante, se afirma «en el actual estado de desarrollo de la conciencia pública nacional e internacional, las desapariciones forzadas de personas se consideran delitos contra la humanidad. Las normas y principios que los regulan integran el reducido elenco de normas imperativas de derecho internacional general, incorporadas al derecho interno e inmodificables por otras normas internacionales o por normas del ordenamiento interno de los Estados, incluso las de rango constitucional».

La declaración manifiesta, asimismo, que «corresponde reafirmar junto a los máximos organismos internacionales, que las acciones humanas que provoquen la desaparición forzada de personas constituyen una afrenta a la dignidad humana y una violación grave y flagrante de los derechos humanos, proclamados tanto en los instrumentos internacionales como en los de derecho positivo interno».

Finalmente, se expresa que «procede la prestación de la cooperación internacional requerida a nuestro país, aplicando en todos sus términos las normas nacionales e internacionales referidas y especialmente sobre el tratado de extradición citado». *