Junta Anticorrupción recibe caso publicidad

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que al Juzgado Penal del 9º Turno llegó alguna información solicitada que se agregó al expediente judicial en el que se investiga si hubo ilícitos en el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación, y que dicho expediente ya regresó de la fiscalía a cargo de la doctora Guianze, la que pidió su remisión a la Junta Anticorrupción.

Según expresaron las mismas fuentes, tras algunos trámites que restan, en aproximadamente 10 días el magistrado Contarín dispondrá el envío del expediente sobre concesión de publicidad oficial a la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado –más conocida como Junta Anticorrupción–, para que ésta se expida sobre si existieron irregularidades o no en dichas concesiones.

Por esta causa, tanto jerarcas y ex jerarcas de diferentes organismos públicos como responsables del área publicitaria de algunos medios ya han declarado ante la Justicia Penal.

Luego de que el juez Contarín reciba la información que solicite a la Junta Anticorrupción deberá resolver si hubo hechos irregulares en la adjudicación de dineros públicos en el rubro publicitario.

A partir de la fecha en que reciba la consulta del juez Contarín, la Junta Anticorrupción tendrá un plazo de 60 días para expedirse, estando entre sus facultades solicitar 30 días más de plazo para dar su dictamen. En caso de que existan delitos cometidos por algún jerarca, la Junta Anticorrupción tiene prohibido por ley describir dichos delitos, sí pudiendo indicar si los procedimientos aplicados en la concesión de publicidad por parte de organismos estatales respetan la normativa vigente.

En sus pedidos de informes a canales de televisión, radios, diarios y revistas, Contarín pidió que se pusiera por separado la publicidad oficial contratada por cada organismo público –entre las que se encuentran Ancap, Antel, UTE y el Banco de Seguros del Estado– los precios y la forma de pago. Estos pedidos ya fueron respondidos y obran en poder del magistrado junto con los testimonios de los jerarcas a los que tomó declaración.

Hasta el momento no hay antecedentes de que un magistrado consulte a la Junta Anticorrupción, para que ésta opine sobre el manejo de fondos públicos, ya que el organismo es de reciente creación, por lo que este va en camino de convertirse en el primer caso de este estilo. *