Gobierno creará los "incoimeables"

Un sistema de coordinación entre los grupos de contralor de la evasión fiscal que operan en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Economía y Finanzas, será incluido en una ley de urgente consideración que el gobierno impulsará en forma inminente.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que implicará una absoluta reforma en el funcionamiento de la Dirección General Impositiva (DGI), será propuesta en los próximos días al cogobernante Partido Nacional y se presentará, incluso, a las autoridades del Encuentro Progresista antes de ser enviada al Parlamento.

Voceros del Edificio Libertad confirmaron a LA REPUBLICA que el proyecto de ley generará profundas modificaciones en la DGI, cuyo actual funcionamiento no se considera el adecuado para cumplir con las «posibilidades» y «necesidades» que en materia de recaudación tiene previstas el gobierno.

Entre otros aspectos, se modificará el sistema de remuneraciones, se establecerán incompatibilidades en el ejercicio de funciones y se agravarán el delito de contrabando y las penalidades a los infractores, sean éstos de donde sean, subrayó la fuente.

Contralor coordinado

Cumplido su primer año de mandato, la administración Jorge Batlle comenzó a evaluar las dificultades que tuvo en su guerra contra la evasión fiscal y, en una serie de reuniones en las que participaron legisladores de la bancada oficialista, se concluyó que debían mejorarse las herramientas de contralor.

Los informantes dijeron a LA REPUBLICA que la serie de cambios procesados en distintas dependencias, particularmente a nivel de la Dirección Nacional de Aduanas, no han hecho otra cosa que evidenciar las falencias que existen en cuanto a normas, infraestructura administrativa y recursos humanos.

Por eso, se explicó, esta ley de urgente consideración también incluirá cambios en materia de procedimientos aduaneros, y permitirá una mayor coordinación entre los equipos de contralor de la DGI, la DNA y del propio Banco de Previsión Social.

La acción conjunta de los funcionarios de las tres dependencias también coordinará sus sistemas informáticos y contará, de ser necesario, con el apoyo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), dependiente del Ministerio del Interior y con la asesoría de las oficinas de inteligencia militar que funcionan en la órbita del Ministerio de Defensa.

Las fuentes reconocieron que los servicios militares no están de acuerdo en ser utilizados en el contralor o la represión de la evasión o el contrabando, pero primero vamos a crear la posibilidad de contar con ellos y después vemos si actúan o no, expresaron.

Los incoimeables

Una fuente legislativa consultada por LA REPUBLICA reconoció que uno de los problemas que se enfrentan es el de la propia condición humana y aceptó que en la propuesta del Ejecutivo se incluyen aspectos que procuran luchar contra las tentaciones a las que se ven sometidos los funcionarios.

Por eso, el proyecto impulsa modificaciones en el actual sistema de remuneraciones que implicarían sustanciales mejoras salariales para un grupo de funcionarios actuantes, y modifica el llamado comiso secundario, relacionado a la confiscación de transportes que se utilicen para cometer una infracción.

También se señala una serie de limitaciones, al calificar de incompatibles determinadas funciones a nivel público con otras simultáneas en el sector privado y, paralelamente, se incrementan las sanciones y penalidades tanto a nivel de quien cometa delitos fiscales como de quien eventualmente actúe en connivencia con los infractores.

La propuesta impulsa modificar el proceso judicial del delito aduanero, en particular, y para acelerar los tiempos postula pasar a la oralidad del proceso, según lo establecido en el Código General del Proceso. El texto de la iniciativa jurídica no excederá la treintena de artículos y en su redacción se ha contado con el asesoramiento de consultores expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De algún modo, se indicó, se estará mejorando una serie de ideas que se intentaron plasmar en la Ley de Presupuesto, pero que fueron aprobadas con una redacción no feliz desde el punto de vista del gobierno. *