Acción de inconstitucionalidad contra la subasta de la terminal

El Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (Suanp) interpondrá esta tarde ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Urgencia que habilitó la subasta de la Terminal de Contenedores prevista para esta mañana por el gobierno de Jorge Batlle.

El escrito solicitará que se deje en suspenso el traspaso de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo a la «Terminal Cuenca del Plata SA», una sociedad anónima creada por el gobierno de coalición para «privatizar» la terminal mediante la venta de acciones.

También pedirá el recurso que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la primera ley de urgencia que creó la sociedad anónima que será ofertada en subasta pública.

Si la Suprema Corte diera lugar a la acción presentada, el gobierno de Batlle quedará inhabilitado para entregar la terminal a los privados que coticen en la subasta, dijeron a LA REPUBLICA fuentes sindicales.

La subasta está citada para comenzar a las once horas (ver nota en Economía) en la Bolsa de Valores. La acción será interpuesta sobre las catorce horas.

La Constitución violada

El recurso aduce la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Sección 1ª, Capítulo VII de la primera Ley de Urgente Consideración 17.243 del 29 de junio de 2000. El artículo estableció el mecanismo para la venta de las acciones de la sociedad anónima que fuera constituida por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

El sindicato denunciará a los ministros de la Corte que el artículo recusado incurre en una violación del artículo 188 de la Constitución de la República: las leyes de urgente consideración no pueden contener medidas que requieran mayorías especiales en el Parlamento.

El artículo ahora cuestionado, explican los sindicalistas en su escrito, autorizó la participación de capital privado en un bien público como lo es la terminal de contenedores, a la vez que obliga al Estado a ceder instalaciones propias para uso exclusivo de empresarios privados.

La Constitución, recuerdan los sindicalistas, exige que el patrimonio del Estado sólo pueda ser ampliado con capitales privados en la medida en que la iniciativa cuente con la aprobación de las tres quintas partes de cada cámara parlamentaria.

«Legítimo derecho»

La acción presentada por el sindicato será acompañada por una acción gemela interpuesta por los trabajadores de la terminal de contenedores.

El escrito señala que la subasta de la terminal «implica» para los trabajadores «desplazamiento y pérdida de su fuente de trabajo», en «una perspectiva incierta en cuanto a su futuro laboral».

Agrega que desde el punto de vista de los trabajadores, «retiro incentivado, redistribución o pasaje a la nueva empresa conllevaría la pérdida de los niveles de remuneraciones y beneficios laborales que ya poseen».

Destaca además que «es notoria la degradación de las condiciones de trabajo en las empresas que han venido asumiendo servicios que anteriormente prestaba la ANP, o a través de ANSE».

Faltaron los votos

El escrito a ser interpuesto esta tarde recuerda que el artículo 20, ahora cuestionado, fue aprobado por 54 votos entre los 95 diputados que estaban presentes en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del martes 20 de junio de 2000 cuando se discutió en particular.

«No se obtuvo por tanto el número de votos exigido por la Carta constitucional», destaca el recurso, al admitir que, por el contrario, las mayorías sí fueron obtenidas en la Cámara de Senadores, pero una mayoría insuficiente ya que se requiere el voto de ambas cámaras.

«La norma cuestionada», indica el escrito, «resulta inconstitucional en virtud de que está admitiendo la incorporación de capitales privados, en este caso al patrimonio de un Servicio Descentralizado, mediante el recurso de invocar un mecanismo constitucional previsto para la participación del Estado en empresas privadas». *