Dos días sin recolección de residuos: se agrega el jueves paro general contra IMM

Montevideo se quedará sin recolección de residuos durante dos días seguidos, ya que los trabajadores del sector, además de adherir al paro general de mañana 25, realizarán otro paro por 24 horas el próximo jueves. La protesta es para manifestar su oposición al pliego del llamado a licitación para extender la privatización del servicio desde la zona que actualmente atiende Sur. Dicho pliego será votado por la Junta Departamental en la sesión del jueves.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece el presidente de la Junta, Uberfil Hernández, no acompañará la votación porque se opone a la ampliación de las privatizaciones. Solamente están dispuestos a acompañar la votación en caso que la convocatoria se limite a la zona que actualmente atiende Sur. El proyecto enviado por la Intendencia de Montevideo (IMM) amplía esa área hasta La Aguada.

Blancos y colorados, por su parte, anunciaron que solamente votarán a favor en caso que se mantenga el llamado para la zona ampliada, tal como entró al deliberativo en el proyecto original de la administración. El resto del Encuentro Progresista (EP), con excepción del Partido Comunista –que se inclina por la postura emepepista– quiere una licitación sobre la zona actualmente tercerizada con opción a extenderla en caso de considerarlo conveniente.

Las dificultades para acordar este punto obligaron ayer a la Comisión de Legislación a pasar a un cuarto intermedio a pedido del EP hasta esta tarde. La intención es presentar el proyecto al plenario el próximo jueves. El quincista Mario Linzo indicó a LA REPUBLICA que la oposición «no votará la propuesta del EP para dejar en suspenso parte de la zona concesionada. Esto aumentaría los costos y nos parece que lo único que están queriendo hacer con esa cláusula es utilizar la zona B como espada de Damócles sobre las cabezas de los municipales. Si la recolección municipal no funciona, extienden la privatización. Eso no es correcto».

Posiciones encontradas

Otro punto de discrepancia es la imposición de un salario mínimo para los trabajadores contratados por el consignatario. Linzo propuso un mínimo de 5.000 pesos mientras el EP estableció un máximo de cuatro salarios mínimos, poco más de 4.000 pesos. Este aspecto puede ser aceptado por blancos y colorados con excepción del Foro Batllista. César García, representante del sector en la comisión, considera que exigir un sueldo mínimo a los empleados es limitante de la libertad empresarial. Esta misma opinión mantiene el Foro sobre un proyecto de la Lista 15 para que la empresa recontrate personal de Sur. Sin embargo, García cree que debería establecerse que una parte de los nuevos contratados procedan de organizaciones no gubernamentales.

La extensión del plazo de concesión también está en debate. En este punto, el nacionalista Martín Fernández coincide con el EP en establecer un plazo de siete años, mientras la Lista 15 propone cinco años y el Foro considera que la concesión debe terminar junto con el período de gobierno.

Un punto en que coinciden los representantes de todos los sectores políticos es en establecer la prohibición para que se establezcan consorcios para competir, como sucedió en el caso de la concesión de 15 hectáreas en Punta Brava al proyecto Navigator.

Aunque la aspiración es que los consorcios estén establecidos previamente, el tema aún no ha sido discutido a nivel de la Comisión de Legislación, que hoy decidirá respecto a todos los puntos. *