¿Otra reforma saboteada?

Al mediodía del próximo viernes se habrá concertado la primera privatización de un área estatal de negocios y los uruguayos nos habremos perdido una preciosa oportunidad: la de reanudar las reformas obligatorias en marcos de profesionalidad, participación popular y garantías suficientes.

El viernes 27 se subastará el 80% de las acciones de la sociedad anónima que administrará la playa y el movimiento de los contenedores del puerto de Montevideo. El 20% de las acciones restantes permanecerá en poder de la Administración Nacional de Puertos. La denominada «Terminal Cuenca del Plata SA» ha registrado sus garantías legales y su prospecto de explotación en el Area de Mercado de Valores del BCU, condición necesaria para realizar su «oferta pública de valores». Luego de lo cual, teóricamente, el «público» debería estar en condiciones de poder participar en el proyecto.

Adelanto que el camino de la privatización de las operaciones comerciales del puerto me parece insoslayable. Es más, he manifestado que los primeros datos acerca de que esa transferencia se haría a «la brasileña» –con garantías de otro tipo y con subastas abiertas por completo en los mercados públicos de capital– me había generado una enorme y positiva expectativa. Luego del mediocre comportamiento de los ejecutores de algunas reformas en curso, ésta era la primera transferencia de propiedad de gestión pública comercial cuyo diseño y ejecución le podía permitir al Estado –si hacía bien las cosas– ganar credibilidad y legitimación para avanzar, luego, hacia otras reformas imprescindibles.

Empero, nuevamente mis expectativas parecen frustrarse. Más allá de las inquietudes sobre los riesgos y amenazas naturales en una operación como esta, la mayoría de los cuales ha sido discutida en la interpelación del viernes pasado, la frustración deviene de una nueva reiteración de mala praxis reformista. En este caso, vinculada estrechamente a lo que parece ser una notable incomprensión y desconfianza del mismo gobierno respecto al potencial de las reformas que impulsa.

El mercado nuevamente censurado

La empresa o las empresas que el viernes adquirirán la mayoría del paquete accionario no tienen ningún interés en asociarse con el público para compartir el riesgo y la rentabilidad de la explotación comercial del puerto de Montevideo. En tanto, alguien ha convenido en que la transferencia del negocio del Estado a la o las empresas privadas se hará de acuerdo con una condición principal: el paquete con un 80% de las acciones presumiblemente sindicalizadas será rematado al mejor postor. O sea, sin que haya posibilidad alguna de pulverizar, al menos, una parte de la propiedad del negocio. Hay unos cuantos argumentos para haber procedido así. Y hay una enormidad para haber procedido de otra manera. La subasta se realizará en la Bolsa, pero perfectamente podía haberse realizado en el Radisson, el Sheraton o tomando un medio y medio en un mostrador del mercado del puerto. Y algunas de las consecuencias son, obviamente tristes.

 

a.- se ha desestimado la posibilidad de reservar una porción menor del capital de la sociedad para ofrecerla a los inversores institucionales, sedientos de posibilidades de inversión que no sean las mil y una ofertas de deuda pública. Ni las AFAPs, ni las compañías de seguros, ni el público en general podrán comprar acciones. En tanto, presumiblemente no habrá mercado secundario para estas acciones.

 

b.- en tanto, a no ser los balances requeridos por el BCU, tampoco habrá información pública que explique alzas y bajas de cotizaciones. Todo quedará, nuevamente, entre un fiscalizador oficial marginal –ANP–, que ahora retiene el 20% de las acciones y su derecho a sentar un síndico en las reuniones oficiales de Directorio.

 

c.- se ha perdido la oportunidad de alimentar y jerarquizar el mercado de valores, ámbito natural para este tipo de transferencias, confirmando que en el Uruguay alguien ha decidido imaginar que un país puede desarrollarse ad infinitum, con los Bancos sustituyendo las funciones de un mercado de valores maduro.

Para regocijo y tranquilidad de quienes ya estarán festejando, el cuestionamiento de la operación se ha mantenido, hasta ahora, en la objeción moral de la privatización o los riesgos relativamente abstractos de haber desnacionalizado un servicio «estratégico».

Ojalá el caso sirva para repensar cómo deben afrontarse las reformas que, inevitablemente, han de venir. Ojalá también, el gobierno y la oposición entiendan que el nido del tero siempre está lejos del grito. Y que lo que realmente tienden a evitar los captadores de renta monopólica es que se los acompañe cuando hacen los negocios. *