El ministro de Transporte aseguró que no se vende ningún activo del Estado

Cáceres: Subasta pública no genera "monopolio privado"

Durante la interpelación que promovió la coalición de izquierda debido al pliego de condiciones elaborado para la subasta pública de la playa de contenedores en el Puerto de Montevideo, el secretario de Estado dispuso de más de dos horas para realizar su exposición, que comenzó a la hora 18.00 y culminó 20.10.

Cáceres manifestó su «vocación de mantener informado al cuerpo legislativo», ya que en oportunidad de la discusión del tema, en el marco de la reglamentación de la Ley de Urgencia, el Poder Ejecutivo remitió a la comisión respectiva del Senado los «múltiples» proyectos de decretos.

Aseguró que no comprendía la actitud del llamado a Sala a diez días de la subasta, cuando existen «tantas instancias, como por ejemplo convocatorias a comisión, pedidos de informes, y hasta la consulta personal». En ese sentido indicó que «se han salteado muchas instancias en las cuales los hombres tenemos campo para poder conversar».

En cuanto al esquema que se plantea, a través de sociedad de economía mixta y de venta de acciones, aseguró que el mismo «está pensando que en los servicios portuarios se pague por el sistema de los precios y no por el de impuestos, y que sea generador de ingresos públicos para otras actividades, ya sea para el funcionamiento de la Administración Nacional de Puertos (ANP), como también para el pago de las empresas públicas».

Asimismo, se refirió al informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) del 23 de mayo de 2001 referido a la constitución de una sociedad anónima para la administración, construcción, conservación, explotación y mejoramiento de la terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

En el informe, el órgano de contralor acordó «intervenir preventivamente el gasto», y señaló que el contrato entre las partes deberá someterse al control del TCR. «Es importante tener claro que desde el punto de vista jurídico no hay materia de observación», subrayó.

«El país, en materia de entrar en el remate público, no está realmente innovando porque así se construyeron los faros, por ejemplo, que se hicieron por concesiones e inversión privada, es decir pagando una determinada cantidad por el servicio de los usuarios», indicó.

Agregó: «La licitación es un muy buen procedimiento, yo diría el menos malo que hemos tenido para contratar desde el Estado. El remate público es un buen procedimiento para rescatar».

Cáceres aseguró que «el bien a subastar no está libre de gravamen, porque las condiciones a cumplir por parte de quien va a adquirir el 80 por ciento de las acciones son un gravamen enormemente pesado».

En ese sentido, quien lo adquiera deberá pagar un precio, «primero el 20 por ciento del mismo debe constituirse en el acto del remate, y el resto del porcentaje en los diez días siguientes.

Además, 12 millones de dólares de garantía de cumplimiento del contrato, y antes de empezar a trabajar debe constituir otros 5 millones de dólares de garantías».

Aunque aseguró que la más pesada de todas las cargas es el «compromiso de mercado», porque se le exige a la Terminal Cuenca del Plata que pase una determinada cantidad de contenedores por año, de lo contrario tiene sanciones y costos que pagar y, eventualmente, llegar al extremo de la rescisión».

Más adelante en su exposición, el secretario de Estado aseguró que no pensaba en «alguna postergación» de la subasta; y subrayó que las bases económicas de la misma, en el orden de 2 millones de dólares, «son convenientes» porque en este momento existe un conjunto de condiciones distintas y cánones que no estaban previstos inicialmente, como «la consolidación de contenedores e inversiones más altas, y el planteamiento de fundar la infraestructura del Puerto a 14 metros de profundidad».

Ante una interrogante de Rubio, el secretario de Estado respondió que «puede venir un banco a comprar las acciones, pero en ese caso se compromete a llevar adelante todos los elementos que están en el régimen de la gestión, es decir, tener un tráfico mínimo, cumplir con las condiciones de las inversiones, depositar garantías y nombrar un operador, si no lo cumple, pierde lo que tiene».

Por otro lado, destacó que «nada prohíbe que se puedan vender las acciones de la ANP, pero al amparo de una sociedad de economía mixta, por lo cual deberá participar el Estado para que no se pierda esa condición».

Enumeró que componen los activos de la ANP, de la integración por el capital inicial de 1,2 millones de dólares, tres plumas italianas, cuatro elevadores suecos, seis chatas para 29 toneladas, y dos camiones con quinta rueda.

«No hay monopolios privados»

Asimismo aseguró que en la actualidad «ya no hay monopolios privados, porque desde el momento del proceso licitatorio anterior al actual, del total de contenedores del puerto de Montevideo en la terminal se movía un 70 por ciento y fuera de la misma, el 30 por ciento». En ese sentido indicó que en la actualidad los porcentajes prácticamente se han invertido.

Agregó que cuando se le dice al operador que deberá canalizar un tráfico mínimo, se le esta expresando que «deberá canalizar la carga de la región al Puerto de Montevideo, y tendrá que competir adentro. Queda claro que no habrá monopolio privado por la vía de los contratos especiales, porque es un régimen comercial normal».

El precio máximo de 120 dólares por contenedor «es el mismo precio que hubo siempre. En el Puerto de Buenos Aires, por los mismos conceptos, está en 214 dólares y Santos en 195 dólares, el precio máximo que ponemos es muy atractivo para que se den las hipótesis de captación de mercados».

Acerca de los ingresos nuevos que percibirá la ANP, el secretario de Estado afirmó que «los menores ingresos serán de 4 millones de dólares anuales, y los menores costos de 2,5 millones de dólares, pero al mismo tiempo aparecen otros ingresos por conceptos de cánones, a parte de las mercaderías».

Para Cáceres «no se debe olvidar que no se está vendiendo ningún activo, sino que se otorga el derecho al uso, lo cual puede cancelarse luego de un determinado tiempo.

Al largo plazo el Estado está comprando y no vendiendo un activo que después le va a quedar, y si es exitoso, buscará otra empresa o la misma y, además, renegociará las condiciones». *

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