Juez pidió detención de Vadora y de Pinochet

El juez federal argentino Rodolfo Canicoba ordenó ayer la detención con fines de extradición del ex jefe del Ejército del Uruguay general Julio César Vadora y del ex dictador chileno Augusto Pinochet como presuntos responsables de graves crímenes cometidos por el «Plan Cóndor», dijeron fuentes judiciales.

El «Plan Cóndor» fue organizado en la década del setenta por las dictaduras militares de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, con el objetivo de intercambiar información, secuestrar y asesinar a opositores políticos. El juez Rodolfo Canicoba Corral considera al general uruguayo Vadora responsable de la desaparición de unos 120 compatriotas suyos en la Argentina, secuestrados cuando se encontraban refugiados, y a Pinochet como organizador del plan de coordinación represiva por el que también fue procesado el ex dictador argentino general Jorge Rafael Videla. En el período que Vadora fungió como comandante en jefe /1974-1977) también se produjeron los asesinatos en 1976 de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Respecto al pedido de extradición de Vadora, analistas argentinos se manifestaron pesimistas al recordar que recientemente el gobierno uruguayo del presidente Jorge Batlle dejó trascender que no colaboraría con las autoridades argentinas que anteriormente pidieron la entrega de los militares retirados José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y el ex policía Hugo Campos Hermida, que participaron activamente en las operaciones del «Plan Cóndor».

Opertti y la Ley de caducidad

El canciller Didier Opertti confirmó ayer que vía cancillería llegó en los últimos días el exhorto de la Justicia argentina solicitando la detención preventiva de José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida. El pedido es similar al realizado semanas atrás por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral a través de Interpol.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el pedido es con «miras a solicitar la extradición» e informó que analizará el tema con el fiscal de Corte.

Si bien Opertti no adelantó cuál será la resolución final, dio «pistas» sobre la posición del gobierno uruguayo.

«Cuando el gobierno uruguayo recibió a través de Interpol pidiendo la detención provisoria, contestó que había razones de interés general que no auspiciaban esa detención.

El mismo interés general, el mismo orden público que estaba en juego en el pedido, está también en juego en ocasión de la solicitud».

Opertti aclaró la situación de Uruguay respecto a la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. «Existe una Convención Interamericana ratificada por Uruguay, está en vigor, pero lo que no se ha hecho en el Uruguay es la tipificación del delito de desaparición forzada de personas; y para que haya extradición, es necesario que sea delito en ambos países, en el Estado requerido y en el Estado requiriente».

El canciller fue consultado respecto a la importancia de la Ley de Caducidad en este tema. Para Opertti esta ley «tiene un alcance subjetivo –alcanza a personas–, un alcance objetivo –alcanza determinadas conductas– y un alcance extraterritorial que está vinculado con los valores que la Ley de Caducidad quiso preservar: La paz pública, el proceso de transición democrática y la búsqueda del establecimiento de la paz en el país.

Toda ley siempre deja una suerte de remanente de justicia insatisfecha, y también deja un remanente cierto de paz asegurada». *