EP-FA interpelará a Cáceres por el decreto sobre playa de contenedores

El planteo se formalizará esta tarde y el miembro interpelante será el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), requiriéndose el respaldo de por lo menos once legisladores, contando con doce la bancada del EP-FA en el caso de que todos estuvieran presentes.

«Da la impresión de que la desesperación del gobierno por obtener recursos le hace poner una bandera de remate a los principales componentes del patrimonio público», dijo Rubio a LA REPUBLICA. Las objeciones de Rubio y del EP-FA aluden al alcance del Decreto 137/001 en el cual «el Poder Ejecutivo establece los criterios de gestión futura del adquirente de la mayoría del paquete accionario».

«Muchas de las disposiciones contenidas en el documento llamado ‘Régimen de Gestión’ nos despiertan dudas; más si tenemos en cuenta la triste historia del proceso licitatorio anterior y las implicancias y el poder de ‘lobby’ demostrado por algunos interesados», señaló.

Al referirse a sus preocupaciones, enumeró: «la posibilidad de realizar contratos especiales con clientes que a través de precios diferenciales puedan desembocar en un tratamiento sesgado y carente de ecuanimidad a los distintos armadores; la posibilidad de operar cargas no contenedorizadas, aun sin autorización expresa de la ANP; los mecanismos de absorción de funcionarios por el concesionario, los que si superan el número de 30 se descontarán del canon a pagar, es decir que los pagará la ANP».

Aludió también «a la asimetría en las sanciones por los posibles incumplimientos de la ANP y del operador privado, al que se le contempla incluso un lucro cesante muy importante y difícil de precisar; la ampliación del contrato de gestión por la sola decisión de la ANP con aprobación del Poder Ejecutivo, sin limitación alguna para acordar el plazo de esta ampliación».

Por otra parte, el legislador encuentrista tiene sus dudas en torno «al compromiso por parte de la ANP de abonar las inversiones que no se hayan amortizado al término del contrato».

No obstante, Rubio sostuvo que «lo que me merece mi mayor atención refiere al área que se pone a disposición del concesionario de la terminal».

Un poco de historia

En su exposición, Rubio comparte la idea de que «el puerto de Montevideo necesita de una nueva y más amplia playa de contenedores para aumentar su competitividad en la región, así como también de importantes inversiones en materia de dragado». Alude además a que el proceso de pasaje a la gestión privada de la Terminal de Contenedores del puerto de Montevideo, «se inició durante la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle e incluyó nada menos que tres intentos licitatorios fallidos». Agrega que «es evidente que el gobierno actual, al igual que los anteriores, no está dispuesto a recurrir a endeudamiento específico de largo plazo para realizar la obra, ni a proseguir luego con la explotación de la terminal por parte del Estado».

Refiere además a que «se frustraron tres licitaciones por distintas causas, y el fantasma de la corrupción tomó cuerpo. El episodio Ovalle no debe olvidarse por el temprano archivo de las actuaciones judiciales, que pudieron (y debieron) proseguir y profundizar la indagatoria una vez que se probó la autenticidad de la famosa grabación».

Para Rubio, «el tema de la corrupción ocupó buena parte del debate público, debate que colocó en primer plano e hizo tomar conciencia de la importancia económica de la terminal a quienes aún no lo habían percibido así».

Ley de Urgencia

En otro orden, Rubio indicó que «el artículo 20 de la Ley Nº 17.243 (Primera de urgente consideración), dispuso la creación de una sociedad de economía mixta para la ampliación y explotación de la Playa de Contenedores del puerto de Montevideo con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo».

«Desde nuestro punto de vista, la importancia estratégica de lo que se ha transformado en el corazón de la economía portuaria debió ser materia de una ley específica, donde se estudiara detenidamente las variantes de tan complejo tema». *