Ley de iniciativa popular para "salvar" de la crisis a Canelones

En una asamblea realizada el sábado en la sede de Fucvam en Montevideo, representantes de distintos puntos del departamento lanzaron la alternativa popular, mediante la cual se propondrá legislar sobre la creación de fuentes de trabajo, la integración de las juntas locales electivas, los aumentos de contribución inmobiliaria y la aplicación del boleto estudiantil gratuito, entre otros temas.

Durante las próximas semanas, habrá distintos talleres en los que los vecinos podrán hacer sus propuestas. Si bien la iniciativa estará a cargo de comisiones sociales, hubo contactos con las distintas fuerzas políticas para invitarlas a participar.

Hasta ahora, solamente el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) ha resuelto apoyarla. En ese sentido, durante la reunión se creó una comisión que tendrá a su cargo el relacionamiento con los partidos políticos.

Según se estableció, la falta de empleo será uno de los problemas que atacará la iniciativa. Justamente, la representación del PIT-CNT promovió la creación de una «comisión pro reactivación económica» que estaría inserta en la Junta Departamental y contaría con la participación de las organizaciones sociales. Además, la central sindical planteó utilizar la red informática del municipio para conformar una «bolsa de trabajo». Para habilitar esa iniciativa, los vecinos deberán recoger 65 mil firmas en un plazo no estipulado. De alcanzarse esa cifra, el proyecto será entregado a la Junta Departamental de Canelones, que deberá decidir sobre su viabilidad. Si es aceptada por la mayoría, la propuesta entra en vigencia de manera inmediata; en caso de ser rechazada, el intendente Tabaré Hackenbruch tendrá que convocar a un referéndum.

«Distanciados» del diálogo

El movimiento entiende que la iniciativa popular a nivel departamental «es un mecanismo constitucional que los vecinos podemos y debemos usar para que los recursos y la aplicación de las políticas en Canelones estén en función del progreso del conjunto de los que aquí habitamos».

«Debemos construir entre todos una fuerza social independiente de los partidos políticos, de manera que el pueblo sea tenido en cuenta a la hora que se decidan las políticas sociales a aplicar», señala el comunicado. Durante la reunión, se creó una comisión que tendrá a su cargo el relacionamiento con los partidos políticos.

En esa línea, varias organizaciones sociales reclamaron «tomar distancia» del diálogo con el intendente Tabaré Hackenbruch que hace nueve días impulsaron algunos ediles de Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista y el Movimiento de Participación Popular.

Durante la reunión, la Intersocial de Barros Blancos advirtió que los vecinos canarios no se sienten «representados» por los legisladores nacionales y locales.

Luego de los informes realizados por las distintas organizaciones sociales, y como símbolo de la independencia de la clase política, los dirigentes políticos que estaban presentes se retiraron de la sala.

Miseria y pobreza

En una declaración leída por el dirigente de la Intersocial de El Pinar, Gustavo Zanetti, el plenario de organizaciones sociales y sindicales canarias manifiesta su «profunda preocupación por la situación social y económica que vivimos los vecinos del departamento, situación que se traduce en pobreza de miles de familias por no tener un trabajo que les permita acceder a los ingresos necesarios para alimentarse, pagar un alquiler, mandar a sus hijos a estudiar o atender en forma debida su salud».

«El permanente cierre de empresas (frigoríficos, textiles, comercios, etcétera) o la reducción de personal, los bajos salarios y pasividades, así como la crítica situación de los productores rurales, muchos de ellos prácticamente fundidos, hace que cada día sean más las familias en la pobreza», destaca. Sostiene además que el presupuesto municipal aprobado por la Junta Departamental en mayo pasado «no apunta a cambiar o por lo menos paliar esta grave situación que vive el departamento. Por el contrario, por medio de una política tributaria abusiva y confiscatoria, la casi nula inversión pública y apenas un 4% del presupuesto destinado a políticas sociales, la agrava aun más». A criterio del plenario de organizaciones sociales, «los mecanismos utilizados por el partido de gobierno departamental para garantizar la aprobación de este presupuesto antipopular lesionan la democracia representantiva».*