Defensa negó uso de dependencias castrenses a las FFAA de España

El ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, reconoció que su cartera «tenía información oficiosa en cuanto a que las FFAA españolas iban a desarrollar una política de captación en Uruguay y Argentina mediante una serie de procedimientos»; y subrayó que «oficiosamente» el Ejército español se interesó en saber si el Ministerio de Defensa Nacional daría apoyo y colaboración, facilitando lugares para tomar las pruebas físicas, a lo cual la secretaría de Estado se negó.

«Las Fuerzas Armadas españolas se interesaron por saber si el Ministerio daría apoyo y colaboración a este tipo de cosas, fundamentalmente, facilitando lugares donde tomar las pruebas físicas. También querían saber si se podían utilizar las dependencias de los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas para efectuar los exámenes médicos.

De la misma forma en que se planteó, oficiosamente, dijimos que de ninguna manera el Ministerio de Defensa Nacional iba a colaborar con ese tipo de acciones, porque no correspondía. Al mismo tiempo, aun sabiéndolo, no hemos encontrado argumentos de naturaleza legal para que las Fuerzas Armadas españolas difundan y desarrollen este tipo de actividad como lo han hecho», expresó el secretario de Estado el pasado 10 de julio en la Comisión Especial sobre Emigración de la Cámara de Representantes.

En la oportunidad, además de Brezzo, comparecieron el coronel Luis Forteza, en representación del Ejército Nacional; el capitán de navío Nelson Olivera, por la Armada Nacional; y el coronel aviador Eduardo Zeballos, de la Fuerza Aérea. Así como también el edecán del vicepresidente de la República, Aldo Vassallucci, con la finalidad de explicar cuál era la conducta que adoptó la institución frente a la presencia en nuestro país de militares de las FFAA españolas reclutando jóvenes uruguayos para su Ejército profesional.

El Ejército español envió en abril pasado invitaciones a hombres y mujeres argentinos y uruguayos con ciudadanía española para incorporarse a sus filas. En ese sentido, Brezzo aseguró –según la versión taquigráfica a la cual accedió LA REPUBLICA– que el Estado español divulgó «una propuesta», y agregó que «en este país no hay ninguna norma que habilite a impedir a los españoles transmitir, e incluso hacer publicaciones de ese tipo en la prensa». Asimismo subrayó que este tipo de prácticas la secretaría de Estado «ni las ve, ni las deja de ver, ni las quiere ver. No es su asunto». *